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Durante la jornada de este martes 10 de febrero, hemos conocido un informe de Contraloría que detecta diferentes deficiencias en la gestión de recursos destinados para enfrentar el megaincendio de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.
Lo que dice el informe en cuestión es que se revelaron pagos no acreditados, gastos improcedentes y deficiencias de control en recursos usados tras esta catástrofe que nos azotó hace ya dos años.
El informe apunta directamente a la Delegación Provincial, al Municipio de Quilpué y también a la Municipalidad de Viña del Mar. La conclusión del informe eso sí baja la intensidad del titular, y solo reitera la necesidad de fortalecer los sistemas de control interno para así asegurar la correcta utilización de los recursos públicos, y resguardar la legalidad y transparencia en contextos de emergencia.
Quien salió solo minutos después de ser conocido este informe a entregar su visión fue la propia alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti. La jefa comunal sostuvo que "la necesidad de entregar agua, materiales, comida y, por, sobre todo, alimentos, era algo que no íbamos a dejar de hacer porque las personas no tuvieran un carnet de identidad o porque todavía no contaran con una Ficha Básica de Emergencia”.
Y es esta explicación que, en el contexto que fue realizado el informe de Contraloría, cobra mucha importancia. ¿De verdad vamos a politizar como se entregó la ayuda en las primeras horas post catástrofe?
Todos hemos sido críticos de la reconstrucción en Viña del Mar, pero cuando se entiende que justamente las trabas administrativas han sido el principal obstáculo para avanzar, la respuesta de Ripamonti cobra sentido. ¿Si el Minvu se hubiese saltado quizás el control de hábiles e inhábiles, quizás ya tendríamos reconstruido El Olivar?
Nos encantaría ver un informe de Contraloría, quizás, que pudiera revisar las falencias de criterio que han sucedido frente a esta catástrofe en los últimos 24 meses. ¿Qué responsabilidad ética, por ejemplo, ha tenido Belén Paredes? Esta mujer que ostenta el cargo de Seremi de Vivienda de la región, y que se ha negado sistemáticamente a dar la cara en una entrevista a nuestro medio, que está lejano de hacerle preguntas de relaciones públicas, quizás ha respetado toda la normativa administrativa en este proceso, pero ¿ética y profesionalmente cumplió su rol?
No basta muchas veces con cumplir la norma. A veces hay que ir más allá, pero sin perder la línea de la ética. No vamos a defender las irregularidades cometidas por una autoridad, pero sí vamos a defender la ética de cómo se enfrenta una emergencia, y también nos gustaría que se midiera el sentido común de una autoridad para enfrentar una emergencia. Así como Belén Paredes hay muchos que se lavaron las manos con la excusa de respetar los protocolos. Muchos que incluso cuando 138 personas morían quemadas estaban de vacaciones, o simplemente por cumplir con lo que dice la descripción del cargo no se ocuparon de salvar vidas. No podemos politizarlo todo. Ya sabemos que en la reconstrucción y post catástrofe se hizo lo que se pudo. He ahí la lección para que mañana se pueda hacer todo lo necesario, no solo lo que corresponde.
