Editorial: La “burocracia” de la ministra de Salud que estaría poniendo en peligro a pacientes en clínicas y hospitales

Una denuncia que llegó a nuestra sala de redacción nos alertó de un hecho sin precedentes en el país y que vulnera derechos constitucionales básicos, como la protección de la salud. El Instituto de Salud Pública (ISP) estaría rechazando solicitudes gestionadas por hospitales y empresas intermediarias para fármacos sin registro sanitario, obligando a que cada paciente o su representante legal tramite directamente la importación.

En palabras simples, de un tiempo a esta parte, si un paciente requería un medicamento que no se encontraba disponible en el país, el recinto asistencial realizaba todo el trámite de importación y se lo aplicaba. Hoy se busca que sea el propio paciente quien haga la gestión y no el centro de salud.

Quienes más recurren a este tipo de fármacos no disponibles en Chile son personas con tratamientos para enfermedades oncológicas, patologías poco frecuentes y otras condiciones de alta complejidad. El cambio en el sistema se realizó debido a que se interpretó que algunas operaciones de importación de estos medicamentos podían corresponder, en realidad, a mecanismos de abastecimiento y almacenamiento institucional, algo que se apartaría del propósito de la importación para uso personal contemplada en la ley.

Es por esto que el ISP habría informado que, “mientras no exista pronunciamiento de la Ministra de Salud, el ISP rechazará toda solicitud de importación bajo el artículo 21 letra b) en que participe un hospital y una empresa intermediaria, cualquiera sea la modalidad de compra”.

Esta traba o burocracia en la cual se encontrarían variados pacientes en todo el país estaría poniendo en peligro su salud en diversas clínicas y hospitales. Al no haber medicamento, claramente se pone en riesgo crítico el tratamiento de una persona. En segundo lugar, se traspasa toda la carga burocrática al propio enfermo y a su familia. Además, esto vuelve mucho más lentos los reembolsos por parte de las isapres o de Fonasa, obligando a un desembolso económico no menor para los afectados.

Si bien es muy probable que el sistema no haya sido bien utilizado por algunos, lo concreto es que estarían pagando justos por pecadores. Un tema importante es la fiscalización, pero aplicar el actual criterio al que estaría apelando la ministra de Salud está generando una crisis sanitaria silenciosa en múltiples recintos del país y en la salud directa de diversos pacientes que, además de lidiar con una enfermedad a cuestas, muchas veces no disponen de los medicamentos en el territorio nacional para enfrentar su recuperación.

El impacto es crítico. Quienes están en Fonasa, por ejemplo, no siempre tienen las espaldas económicas para costear estos fármacos. Por su parte, las isapres entrampan las coberturas si el paciente importa directamente su remedio. Aquí existe una situación que poco se conoce, pero que claramente está poniendo en riesgo la salud de las personas. Es la temida “burocracia” del sistema.