Con el pasar de los días hemos podido ir desmenuzando con mayor profundidad el revelador informe de Contraloría, que apunta a millonarias y burdas irregularidades cometidas por la delegación regional, tras la catástrofe de los mega incendios del 2024.
Debemos contextualizar que en febrero del 2024, quien era delegada regional es la actual diputada electa del Partido Comunista Sofía González, y que dejó su cargo en noviembre de ese año, y desde ahí en adelante quien ha llevado el cargo es el actual Yanino Riquelme.
Volviendo a las irregularidades, lo cierto es que el informe es gravísimo. En primera instancia nos centramos en Quilpué y Viña del Mar, pero cuando entramos a lo que concierne a la delegación, es realmente un escándalo.
Ejemplos básicos, mire: se detectaron pagos por $125.366.500 a la empresa Minera y Constructora Río Grande SpA por 49 turnos de camiones tolva no ejecutados, cuya prestación no se encuentra acreditada. ¿Cómo le pagaron y quién les pagó?
Uno puede pensar que puede haber una equivocación, pero la Contraloría detectó que, en los informes presentados por las empresas, no hay consistencia. Otro ítem es, por ejemplo, que se constataron pagos a la empresa San Nicolás SpA por $335.247.038, correspondientes a 495 turnos de bateas, respaldados con fotografías repetidas o inconsistentes, lo que impide verificar su efectiva instalación.
El escandaloso informe muestra además gigantescos sobreprecios a la hora de contratar camiones y maquinaria para remover escombros. Estamos hablando que, al mando de Sofía González, se contrató a una empresa pagándole un monto de dinero por un trabajo en específico. Esta empresa lo que hizo fue contratar a una segunda empresa para que hiciera su trabajo y le pagó un 557% menos, es decir tuvo utilidades por más de 4.200 millones. ¿Medio recorte o no?
Es tan grave el informe que fue presentado al Consejo de Defensa del Estado y al Fiscal Nacional, quien inmediatamente abrió una investigación que podría terminar con delitos como fraude al fisco o malversación de caudales públicos, y donde los ojos estarán puestos tanto en Sofía González, quien bajo su mandato se hicieron estas contrataciones, y con Yanino Riquelme, quien bajo su gestión es donde se han hecho efectivos los millonarios pagos de estos contratos sin ningún tipo de licitación.
¿Dónde vamos a terminar? El desastroso manejo de esta catástrofe ahora se suma una investigación en donde, claramente, todo parece indicar que alguien lucro inescrupulosamente con esta tragedia. Se aprovecharon, habrían mentido. Acá claramente hay una responsabilidad primero ante la ley, pero también política. No fuimos capaces ni siquiera de verificar si lo que estábamos contratando como Estado era lo que correspondía. Ineficiencia total.