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Por un lado, vemos como los representantes del Presidente de la República en la Región de Valparaíso son capaces de gastarse millonarios montos a dedo con inescrupulosas empresas en medio de una catástrofe, y por otro vemos como ese mismo Estado le niega la vida a una joven de 26 años por una mala interpretación del espíritu de una ley.
Estamos hablando de una joven diagnosticada con leucemia mieloide aguda que enfrenta una compleja situación sanitaria y judicial. Ella está internada en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar a la espera de realizarse un trasplante de médula. Hasta acá todo bien. De hecho, el Estado financia este tipo de operaciones, pero con una condición: siempre y cuando el donante sea de la misma familia, es decir, familiar directo. Padre, madre, hermana o hermano.
¿Cuál es el problema acá? Que esta joven de 26 años, llamada Thiare, fue adoptada, por lo cual su donante no puede ser un pariente directo, porque claramente no es compatible. La solución para ella es acudir a la Fundación DKMS, registro internacional de donantes, donde se identificaron múltiples potenciales donantes. El problema es que el Estado no financia ese trasplante.
Hoy, la vida de Thiare cuesta 170 millones de pesos. Valor y dineros que no son financiables ni para ella ni para su familia. Su destino lo decidirá la justicia, para ello se presentó un recurso de protección cuya defensa argumenta que la negativa del Estado a financiar este trasplante vulnera el derecho a la vida y a la igualdad ante la ley, al supeditar el acceso al tratamiento a la existencia de un vínculo biológico con el donante, pese a que clínicamente la compatibilidad inmunológica —y no el parentesco— es el criterio determinante.
¿Cómo no aplicar sentido común? Resulta inexplicable, pero esta realidad de Thiare la viven cientos de chilenos que se encuentran con trabas administrativas que demuestran que el servicio no funciona en pos del paciente en algunos casos.
Luis Ignacio de la Torre, Presidente del Colegio Médico de Valparaíso, desnudó además que este caso es solo la punta del iceberg de la realidad que se vive en Chile al decir que “no es ella la única paciente”, recordando que lo mismo ocurre con mujeres con cáncer de mama y otros tipos de cáncer, quienes muchas veces deben recurrir a tribunales para que se ordene el financiamiento.
El mandato principal que tiene el Ministerio de Salud (MINSAL) en Chile es ejercer la rectoría del sector, formulando políticas, normas y planes para proteger la salud de la población, gestionar la red asistencial, prevenir enfermedades y garantizar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad, incluyendo la regulación de medicamentos.
Esperamos que ahora la justicia obligue al Ministerio de Salud a cumplir su rol, y por ende formular reglamentos o normativas que puedan aplicar el sentido común en un caso que tiene los días contados. La vida de Thiare está en una cuenta regresiva. Sin ese trasplante no hay más vida. No se trata que no haya donante. Ella no tiene la culpa de haber sido adoptada, menos que la ley no estuviera hecha para chilenas como ella. No podemos no tener sentido común.
