Toesca AGF, en su calidad de entidad liquidadora de fondos de la fallida Sartor AGF, presentó una nueva querella criminal relacionada con la estructura de financiamiento que permitió la adquisición del control accionario de Azul Azul, concesionaria que administra a Universidad de Chile.
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El escenario judicial se vuelve cada vez más complejo para el expresidente de Azul Azul, Michael Clark. Esto, a raíz de una reciente acción legal interpuesta por Toesca, la empresa liquidadora de los fondos de Sartor.
El recurso en los tribunales pone en tela de juicio la operación realizada durante el año 2021, mediante la cual se concretó la adquisición de las acciones pertenecientes a Carlos Heller, otrora controlador de la concesionaria que administra a Universidad de Chile.
Ingresada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, la ofensiva penal no solo se dirige contra el exdirectivo. La lista de personas a las que apunta el documento incluye a Pedro Pablo Larraín Mery, Miguel Luis León Núñez, Mauro Valdés Raczynski, Óscar Alejandro Ebel Sepúlveda, Michael Mark Clark Varela, Alfredo Ignacio Harz Castro, Rodrigo Eduardo Bustamante García y Juan Carlos Jorquera Salhus.
De acuerdo con los antecedentes del escrito, al cual tuvo acceso radio ADN, la parte denunciante sostiene que los montos empleados por Clark mediante el Fondo de Inversión Privado Táctical Sport (FIPTS) "no tuvieron origen en aportes efectivos de los partícipes del FIPTS ni en recursos patrimoniales propios de éstos".
Para profundizar en la mecánica de los traspasos, los querellantes detallaron en el escrito que: "Conforme al informe del liquidador de Sartor AGF, los fondos públicos Fondo Leasing y Fondo Táctico inyectaron Ch$7.200 millones a Inversiones Cerro El Plomo SpA, sociedad cuyo único accionista era el propio Fondo Leasing. El Fondo Proyección concurrió con financiamiento por aproximadamente Ch$1.100 millones a la misma sociedad. Inversiones Cerro El Plomo SpA transfirió esos recursos al FIPTS para concurrir al pago del precio de la oferta pública".
En la misma línea, el documento legal denominó a esta estructura "como financiamiento indirecto a través de una SpA y financiamiento puente, declarando que no consta evidencia de que la operación fuera de conocimiento de los aportantes de los fondos públicos al tiempo de otorgarse los créditos".
Finalmente, los impulsores de la acción judicial culpan a Clark de haber incurrido en un "conflicto de interés estructural". Esta acusación se fundamenta en que, de manera simultánea, el ejecutivo ejercía como presidente de Azul Azul, director de Sartor y mandamás de Inversiones Antumalal, siendo esta última la empresa por medio de la cual compró el 100% de las cuotas de Tactical Sports.
PURANOTICIA
