Fernando Barraza intervino en la comisión revisora de la acusación constitucional contra presidente Piñera, donde aseguró que la compraventa de la minera en 2010 cumplió con las obligaciones tributarias vigentes en la época.
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Este jueves se desarrolló la tercera jornada de trabajo por parte de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, quien actualmente está siendo investigado por irregularidades relacionadas a la compraventa del proyecto minero Dominga en un paraíso fiscal.
Los diputados que integran la instancia, Raúl Florcita Alarcón (IND), Paulina Núñez (RN), Virginia Troncoso (ex UDI), Pepe Auth (IND), y la presidenta Maya Fernández (PS), escucharon a los invitados a exponer sobre las diferentes aristas de la problemática, tal como lo hicieron durante el lunes y martes.
En vísperas de esta tercera sesión, se dio a conocer que tanto el exministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, como el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, no podían participar de la instancia pese a ser invitados, el primero por compromisos académicos, y el segundo por estar fuera del país y no poseer conexión para acceder de vía telemática.
Cuando se dio inicio a la jornada, se vivió una curiosa situación. Uno de los invitados a exponer fue al seremi (s) de Medio Ambiente de la región de Coquimbo, Juan Fernández, a quien la diputada Maya Fernández presentó como el titular.
"Soy el seremi subrogante. Soy un funcionario de planta del Ministerio del Medioambiente desde el año 94. Llevo una cantidad de años en el Ministerio. Y no me tocó participar directamente en el proyecto Dominga, porque yo asumí la subrogancia el día 23 de agosto", explicó. Luego acotó: "No tengo mucho que decir frente al caso de Dominga, dado que no me ha tocado participar ni directa ni indirectamente"
De esta manera, quien sí tuvo intervenciones atingentes a la problemática fue Julio Pertuzé, subsecretario de Economía. Respecto a la ya mencionada Oficina de Proyectos Sustentables, manifestó que ésta "actúa como la secretaría ejecutiva del comité asesor de proyecto sustentables, instancia colegiada integrada por 10 subsecretarios para el seguimiento y coordinación de la tramitación de las iniciativas de inversión en el país, sean de carácter privado o públicas"
En relación a ese mismo organismo, y respecto al proyecto minero Dominga, Pertuzé manifestó que "se encuentra judicializado y sin actividad desde antes de la fecha de creación de la oficina GPS, por lo que ésta no está realizando ningún tipo de gestión en relación con este".
Además de negar un trato especial al proyecto, aseguró que "el Presidente tampoco ha inferido en ningún otro proyecto de inversión que este monitoreando la oficina GPS".
En la segunda parte de la jornada, a las 15:00 horas, se llevó a cabo la exposición de la directora del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la región de Coquimbo, Claudia Martínez, la cual estaba programada originalmente para la sección de la mañana. Sin embargo, debió ser pospuesta por problemas de conexión.
En primer lugar, la máxima autoridad del organismo explicó que el proyecto fue calificado en marzo del 2017. No obstante, el primer tribunal ambiental de Antofagasta tomó la determinación de retrotraerlo en abril del 2021 a la posterior del informe consolidado de evaluación. Sobre esto, aseguró que "el tribunal al resolver de esa forma nos indica, como servicio, tener que analizar el fallo".
"Posteriormente el titular del proyecto nos hace llegar la solicitud de que debemos calificar el proyecto nuevamente en los términos que indica el fallo del primer tribunal ambiental (...) tuvimos que citar a comisión extraordinaria porque los estudios de impacto ambiental deben cumplir un plazo máximo para calificarse de 180 días y el proyecto se tuvo que volver a abrir en el día 173", prosiguió. Eventualmente, se calificó el proyecto en el día 179 y no se agregaron nuevos antecedentes técnicos.
Finalmente, expuso el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, quien aseguró que la compraventa de la minera Dominga en 2010 cumplió con las obligaciones tributarias vigentes en la época.
Además, señaló que no sabe la razón por la que esta operación se realizó en un paraíso fiscal como las Islas Vírgenes Británicas, ya que este hecho no habría implicado ventajas tributarias.
"Con la norma de la época, y de la manera en que se estructuró esta operación, desde la perspectiva tributaria no hay ventajas en haber hecho ésta operación en el extranjero (..) se pudo haber hecho en el país y con las normas de la época los efectos tributarios habrían sido, sino los mismos, muy similares".
En esa misma línea, manifestó que "al percibir el contribuyente chileno la renta de fuente extranjera, esta es reconocida para fines tributarios, cumpliendo con las obligaciones tributarias correspondientes".
PURANOTICIA
