El juego en línea y las apuestas en Chile se han convertido en un fenómeno masivo. El principal crecimiento se produce en plataformas que operan sin licencia local.
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Según estimaciones del sector a comienzos de 2026, más de 800.000 personas en Chile juegan mensualmente en casinos en línea y apuestan. Aproximadamente el 65% del tráfico proviene de celulares, y una parte significativa de los usuarios elige operadores sin licencia local. En este contexto, el Congreso analiza el proyecto de ley Boletín N°14838-03 sobre la regulación de las apuestas en línea, y los datos de SimilarWeb de diciembre de 2025 muestran que el país ya se ha convertido en una de las fuentes clave de tráfico para los grandes operadores internacionales.
El juego en línea y las apuestas en Chile se han convertido en un fenómeno masivo. El principal crecimiento se produce en plataformas que operan sin licencia local. Se trata de un segmento «gris» ya consolidado, que existe en paralelo al sistema oficial de casinos presenciales y que, por su escala, en la práctica lo deja en segundo plano en el ámbito digital.
Tres indicadores permiten dimensionar la magnitud de este proceso:
Estas cifras convierten a Chile en uno de los principales mercados de origen de usuarios para estas marcas. En la práctica, el país latinoamericano «alimenta» de audiencia a los actores globales, sin recibir ni ingresos fiscales ni herramientas de control.
La popularidad de los casinos en línea entre los habitantes de Chile se explica por varios factores a la vez. En primer lugar, la amplia adopción de teléfonos inteligentes hizo que las plataformas de juego fueran accesibles en cualquier punto del país. En segundo lugar, los operadores internacionales ofrecen medios de pago locales, lo que reduce la barrera de entrada. En tercer lugar, juegan un papel importante bonos sin deposito de casino: la posibilidad de probar la plataforma con una inversión inicial menor atrae a quienes apenas están explorando el formato en línea.
Por último, la ausencia de regulación local paradójicamente facilita el acceso: no existen controles efectivos de verificación de edad, no hay KYC obligatorio al registrarse. Todas estas razones, en conjunto, aseguran un crecimiento sostenido de la audiencia, y es precisamente este crecimiento el que convierte la aprobación del proyecto de ley N°14838 en una cuestión no de perspectiva, sino de necesidad.
En 2025, la Corte Suprema de Chile ordenó a los operadores de telecomunicaciones Claro, Entel, Movistar y VTR bloquear sitios de casinos en línea que no contaran con una «autorización explícita del Estado». La medida buscaba restringir el acceso, pero no contemplaba un relanzamiento del mercado con nuevas reglas.
La demanda no desapareció. Se redistribuyó a favor de URLs alternativas y métodos de acceso, reforzando el circuito «gris». Las consecuencias observadas conforman un cuadro característico:
Controlar el acceso sin supervisar los flujos financieros resulta una solución a medias. Si los pagos quedan fuera de la regulación, a los operadores les resulta más fácil mantener su presencia, y al Estado le resulta más difícil controlar el volumen transaccional y la tributación. André Boësing, representante de la empresa OKTO, lo señaló directamente: «La regulación de los pagos se convirtió en una condición clave para llevar la industria al marco legal». Sin supervisión de la infraestructura financiera, los bloqueos siguen siendo una medida puntual e insuficiente.
El perfil conductual del usuario ha experimentado una evolución notable. La prioridad pasó a ser los depósitos rápidos y los retiros previsibles, y no los bonos de bienvenida. El factor decisivo al elegir una plataforma resulta ser la calidad de la experiencia móvil. Entre los métodos de pago populares están Webpay, Khipu, MACH y las transferencias bancarias directas.
Al mismo tiempo, operar sin licencia local deja vacíos notables en la protección del usuario:
Las herramientas de juego responsable pueden implementarse de forma voluntaria, pero sin supervisión local su cumplimiento es prácticamente imposible de verificar.
Boletín N°14838-03 fue aprobado en general por la Comisión de Hacienda del Senado y fue remitido al pleno. Si se mantiene el ritmo de avance, la promulgación podría producirse en 2026. Se prevé que la supervisión del mercado recaiga en la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), que recibirá facultades para el otorgamiento de licencias, la autorización de acceso al mercado y el control del cumplimiento de los requisitos.
El esquema tributario del proyecto contempla un IVA del 19% y una carga total en torno al 28% (estimación del sector). Los ingresos deberían alimentar tanto el presupuesto estatal como los fondos municipales. Los requisitos para obtener la licencia incluyen:
El contexto regional añade presión. Brasil puso en marcha un nuevo régimen regulatorio, Perú exige estándares técnicos estrictos desde 2023, y Argentina desarrolla modelos provinciales. La ausencia de un marco unificado en Chile se convierte en una excepción visible y en un factor de incertidumbre para los inversores internacionales.
Si la ley se aprueba en 2026, el año siguiente será de transición. Los operadores tendrán que obtener una licencia o cesar operaciones. El mercado empezará a desplazarse hacia plataformas certificadas, y las licencias internacionales de Curaçao, MGA o Kahnawake dejarán de ser el único referente de legitimidad. Las líneas de desarrollo esperadas incluyen reforzar la lucha contra el fraude, la implementación de herramientas de monitoreo basadas en IA y la aparición de una nueva base imponible.
Hasta que exista un marco unificado, los riesgos y el nivel de protección para los usuarios siguen siendo dispares. Tras la introducción del licenciamiento, deberían quedar más claras las reglas de identificación, verificación de operadores, protección del jugador y las exigencias de transparencia en los pagos.
PURANOTICIA
