Si bien el proyecto de ley lleva años en tramitación, el avance actual hace que los analistas económicos vean cada vez más cerca los efectos financieros, fiscales y sociales.
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La discusión real sobre la reforma de las apuestas online en Chile se intensificó en los últimos meses, siendo uno de los temas más importantes para la economía de país. Si bien el proyecto de ley lleva años en tramitación, el avance actual hace que los analistas económicos vean cada vez más cerca los efectos financieros, fiscales y sociales.
Desde el año 2022, el Gobierno chileno impulsa el proyecto de ley presentado con el objetivo de regular específicamente el sector del juego online y el funcionamiento de las casas de apuestas que operan en el país. La intención es establecer reglas claras para el mercado del gambling digital y garantizar que estas plataformas contribuyan fiscalmente de manera adecuada.
De esta forma, las casas de apuestas dejarían atrás la zona gris en la que operaron durante años, pasando a integrarse en un entorno regulado, con requisitos definidos para su autorización, funcionamiento y control. El objetivo principal es crear un marco legal que aporte mayor seguridad jurídica tanto a los operadores como a los usuarios que participan en actividades de apuestas online.
Durante el 2025, el Senado aprobó el proyecto en general, incorporando mecanismos para dar las licencias de juego con ciertos requisitos y un régimen tributario específico. Si bien esto fue un excelente avance, aún la ley no está promulgada ya que se espera la tramitación final y el debate de los últimos puntos de la ley. Todo ello en medio de presiones políticas y económicas.
Todo este escenario hace que haya un poco de incertidumbre tanto en la parte jurídica como en la económica. Los operadores no saben realmente cuándo entrará en vigor y cuáles serán las nuevas reglas.
Dentro de los principales argumentos a favor de la reforma, encontramos el hecho de que la regulación permita aumentar claramente los ingresos fiscales del Estado. Los operadores que tengan autorización clara, estarán sujetos a unos impuestos que incluyen el IVA y otro tanto sobre los ingresos brutos. Eso podría traducirse entonces en una fuente nueva de recaudación estable para las arcas públicas.
Los analistas económicos coinciden en el hecho de que, al tener una regulación clara, será un incentivo para los operadores que funcionan en mercados internacionales. Esto se debe, principalmente, a que pueden ingresar formalmente al mercado local. De esa forma, se cierra la brecha y se limita a aquellos operadores que están sin autorización ni supervisión y que ponen en riesgo a los usuarios.
Sin embargo, también es importante considerar que, si las cargas tributarias resultan demasiado elevadas y las exigencias demasiado estrictas, esta transición podría llevar a ciertos operadores a mantenerse en jurisdicciones offshore. Este posible efecto cobra especial importancia en el caso de Chile, donde el proceso regulatorio sigue generando debate tanto en el ámbito político como en el económico.
Desde que la ley se aprobó en la Corte Suprema en el 2025, se llevó a cabo varios bloqueos de sitios con dominio .cl. Sin embargo, lo que se vio es que el consumo no disminuyó, sino que se redirigió hacia plataformas internacionales.
Todo ello preocupa a los economistas porque si no se incorporan mecanismos eficaces, no se capturarán esos porcentajes de los ingresos brutos.
Por otro lado, los analistas económicos consideran que es importante tener:
Sin todo ello, el crecimiento del sector se podría ver afectado negativamente, al decidir muchos ir a plataformas offshore.
Así, si el país realmente logra tener un marco en donde se combine la seguridad, tributación y protección social, entonces se generarán los beneficios fiscales adecuados que ahora mismo no se están efectuando.
(Imagen: Getty Images)
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