Detectives de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI llegaron hasta oficinas del Ministerio de Vivienda para retirar algunos documentos que permitan establecer por qué se asignaron fondos a estas fundaciones y saber a qué ítems presupuestarios corresponden estos.
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Hasta la sede regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso arribaron este martes 5 de diciembre funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar una serie de diligencias investigativas, las cuales se enmarcan en el denominado caso «Convenios» y que, particularmente, dicen relación con la Fundación ProCultura y la Fundación Arquiduc.
Ambas entidades privadas suscribieron convenios de transferencia de fondos del Programa de Asentamientos Precarios, por parte de la Seremi de Vivienda y el Serviu de Valparaíso, situación que está siendo investigada por el Ministerio Público, a través de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de Valparaíso, a cargo del fiscal Claudio Rebeco, quien entregó algunos detalles respecto a la acción ejecutada.
"Esta Fiscalía, la URAC, llevó adelante una indagación para establecer eventuales delitos que pudieran haberse cometido durante la asignación de fondos y ejecución de un programa de asentamientos precarios por parte de esta fundación", explicó el persecutor que investiga delitos asociados a corrupción.
Es así como ahondó en que este convenio se suscribe con dos organismos estatales: la Seremi de Vivienda de Valparaíso, que es el administrador financiero; y la Dirección Regional del Serviu en Valparaíso, que está a cargo de la supervisión técnica.
"Ellos suscriben este convenio, por lo tanto la diligencia de hoy fue de total pertinencia porque lo que se procura con ello es levantar toda la información documental relativa a estos programas", señaló el fiscal Rebeco.
Si bien, la investigación principal está centrada en la Fundación ProCultura, desde el Ministerio Público fueron enfáticos en señalar que las indagatorias también involucran a la Fundación Arquiduc, que también suscribió un convenio de transferencia de fondos con estos mismos organismos donde se realizaron diligencias.
"Ahí también se investigan las rendiciones de cuenta que se han realizado hasta hoy, en el marco del Programa sobre Asentamientos Precarios para campamentos de las comunas de Valparaíso y Viña del Mar", añadió el persecutor.
Cabe hacer presente que las indagatorias se encuentran desformalizadas y en plena etapa de investigación preliminar; esto, con el objetivo de poder contar con la información documental que les permita entender por qué se asignaron dichos fondos a estas dos fundaciones, además de saber a qué ítems presupuestarios corresponden estos recursos públicos otorgados y, en aquellos casos con rendiciones de cuentas, se deberán revisar los documentos que las sustentan.
"Esa es la labor que desarrolla la Bridec de hace un tiempo y que se materializó en esta diligencia, que dará lugar a otras diligencias como tomas de declaraciones y otros análisis que son necesarios realizar", dijo Rebeco.
Lo ocurrido en Valparaíso también fue abordado por el director regional del Serviu, Rodrigo Uribe, quien señaló tras las diligencias que "estamos en pleno proceso que la PDI tiene como habitual. Nosotros, como Ministerio, estamos facilitando toda la información para que Fiscalía cuente con toda la información que requiera”.
A ello, el titular del Servicio de Vivienda y Urbanización agregó que "no nos podemos pronunciar mucho por los alcances que tiene esto. En este sentido, nos han hecho un requerimiento de varios documentos para poder constatar un expediente”
Quien también se refirió a lo ocurrido en Valparaíso fue la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, quien comentó que "cuando hay investigaciones, quienes están a cargo de la investigación requieren la documentación, la evidencia", agregando que "es parte de lo que un proceso investigativo contempla".
Desde la Cámara Baja, el diputado y presidente de la comisión investigadora, José Miguel Castro (RN), "la intervención de la PDI y el allanamiento al Serviu de Valparaíso ya no resiste más. No es problema de que no se envió un papel, como fue en el norte de Chile; no es un problema específico de la Gobernación del Biobío. Efectivamente hay un mecanismo y no se puede seguir ocultando. Es necesario que la justicia siga actuando, porque este Gobierno definitivamente no está colaborando. Yo espero que después de todas estas investigaciones haya gente con penas duras y ejemplificadoras".
Finalmente, el diputado Andrés Longton (RN) expuso que el allanamiento "tiene que ver con las denuncias que realizamos a Contraloría y a la Fiscalía Regional por los hechos de corrupción en el cual está siendo investigada Procultura por el caso «Convenios», que suscribió a lo largo de todo Chile una fundación creada para fines culturales, con un giro cultural y que de la noche a la mañana, una vez que asume este Gobierno, se hacen especialistas en campamentos y asentamientos precarios, firmando millonarios convenios, en el caso de la región de Valparaíso con más de $240 millones, anticipándoles sin ningún trabajo previo, más de 120 millones".
En ese sentido, manifestó que se trata de "recursos de los más vulnerables, recursos públicos que tenían que tener un objetivo determinado, que es mejorar la calidad de vida de personas que lo están pasando mal y que lamentablemente han sido destinados para fines políticos, amiguismos o complicidades políticas para efectos de poder favorecer a los suyos, y eso tiene que ser investigado penalmente como corresponde hasta las últimas consecuencias".
PURANOTICIA
