El profesional, considerado el mayor emisor del país en 2024, causó un perjuicio superior a los $4.600 millones. Corte de La Serena revocó su arresto domiciliario.
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Tras ser formalizado por fraude de subvenciones y la emisión reiterada de 11.880 licencias médicas fraudulentas entre enero de 2023 y junio de 2025, el médico cirujano de nacionalidad ecuatoriana, individualizado con las iniciales L.R.C.Z., deberá volver a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva por orden de la Corte de Apelaciones de La Serena.
La decisión fue adoptada en un fallo unánime por la Primera Sala del tribunal de alzada. De esta forma, se revocó la resolución dictada a fines de marzo pasado por el Juzgado de Garantía de Coquimbo, instancia que había rebajado las cautelares a arresto domiciliario parcial nocturno, firma quincenal, arraigo nacional y la suspensión de la facultad de emisión de licencias médicas.
Al fundamentar la determinación, el documento judicial detalla textualmente: “Para aquella solicitud se invocó como antecedente nuevo -y único- un informe social que daría cuenta del arraigo familiar y social del imputado, basado en antecedentes que no resultan ser nuevos ni detentar el peso suficiente para alterar las conclusiones alcanzadas por este tribunal al momento de mantener la prisión preventiva, motivo suficiente para revocar la decisión por estimar que la necesidad de cautela, en este punto, no ha decaído”.
Las indagatorias llevadas a cabo por la fiscalía establecen que, al menos entre el 1 de enero de 2023 y el 5 de junio de 2025, el profesional cursó un total de 11.880 documentos electrónicos de reposo. Estas gestiones se realizaron mediante los operadores I-Med y Medipass, beneficiando a 11.239 afiliados a Fonasa y 935 de isapres. Para concretar estas operaciones, el facultativo operó bajo su nombre como prestador individual y también a través del centro de salud Surmédica SpA, recinto con domicilio en la comuna de Coquimbo que fue creado por el imputado y su madre.
Un aspecto llamativo del caso es que, del total de licencias médicas electrónicas emitidas, apenas 275 fueron otorgadas en forma presencial y 11.065 de manera remota. Estas cifras transformaron al acusado en el mayor emisor de licencias médicas a nivel nacional en 2024. Además, el mayor porcentaje de los reposos corresponde a diagnósticos de enfermedades osteomusculares y patologías mentales, lo que contrasta fuertemente con el hecho de que el imputado no tiene especialidad médica alguna.
Dentro de este mismo contexto investigativo, se detectó que el imputado emitió 36 licencias médicas a 34 funcionarios públicos que viajaron al extranjero durante sus días de reposo, sumado a otras seis licencias a funcionarios públicos que asistieron a casinos de juegos.
Finalmente, el perjuicio económico calculado revela que, del total de licencias otorgadas a pacientes Fonasa, 10.741 fueron tramitadas. Esta situación generó un pago de subsidio por incapacidad laboral improcedente que asciende a la suma de $4.639.802.932.
PURANOTICIA
