El fiscal regional, Hernán Libedinsky, apuntó a un esquema sistemático para obtener fondos del Congreso mediante servicios ficticios de una asesora, cuyos recursos habrían sido transferidos para el beneficio personal del parlamentario.
La Fiscalía presentó una acusación formal en contra de ocho imputados por los delitos de fraude al Fisco y fraude de subvenciones en carácter reiterado, en una causa donde se encuentra involucrado el senador Miguel Ángel Calisto.
El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky Moscovich, explicó que “la prueba ofrecida por el Ministerio Público considera numerosa prueba documental, testigos y prueba pericial la que, a juicio de la Fiscalía, permitirá acreditar en un futuro juicio oral cada uno de los hechos que se imputan a los acusados en esta causa”.
Agregó que “respecto de los principales imputados, entre los que se encuentra Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo, además del Sr. Calisto Águila, el Ministerio Público acusó por delitos que tienen asignadas penas de crimen. Ello, atendido el elevado monto de lo defraudado al Fisco de Chile, que supera los 100 millones de pesos, así como el carácter de reiterado de los delitos por los cuales fueron acusados”, detalló el persecutor.
Libedinsky precisó que los antecedentes reunidos durante la investigación “dan cuenta de un esquema sistemático de defraudación de recursos públicos, consistente en servicios contratados y rendidos ante el Estado meramente ficticios, determinándose que Carla Graf nunca realizó asesorías parlamentarias reales para el Sr. Calisto Águila, siendo sus contratos un mero mecanismo instrumental para la obtención irregular de fondos fiscales”.
Asimismo, indicó que dichos recursos públicos, correspondientes a “honorarios pagados por el Congreso a la Sra. Graf Toledo, fueron transferidos, entre otros, al entonces Diputado Calisto Águila y a Roland Cárcamo Catalán, siendo utilizados para su provecho y beneficio personal. En otras palabras, se trata de asesorías fantasmas y de una caja pagadora”.
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