Iniciativa se lleva a cabo en conjunto con una inmobiliaria, a la que le entregarían un paño municipal para que construya un nuevo edificio consistorial y otro comercial, acción que requiere cambiar el Plan Regulador Comunal. Es en medio de este proceso donde se detectaron irregularidades, que fueron denunciadas ante la Contraloría Regional de Valparaíso.
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En todo un dolor de cabeza se está transformando para el alcalde Freddy Ramírez Villalobos y su administración municipal, la idea de construir un Parque Cívico para Concón, el cual albergue un nuevo edificio consistorial y un edificio comercial complementario, cuyo proyecto denominado «Construcción Centro Cívico comuna de Concón» debe pasar obligatoriamente por un cambio de uso de suelo.
Y es que para materializar esta obra, el predio de 12 mil metros cuadrados (tasado en casi 10 mil millones de pesos), ubicado en el sector de Costa de Montemar –especificamente entre calle Arenales y la avenida Concón - Reñaca– debe cambiar el uso de suelo actual, de Zona de Equipamiento (ZE), para agregar las clases Comercio y Salud. Es así como la Municipalidad solicitó una enmienda al Plan Regulador Comunal (PRC), proceso que está en trámite.
Justamente bajo este contexto es donde se encontrarían las principales dificultades, tal y como lo expresó la concejala María José Aguirre (Ind.-Evópoli), quien decidió recurrir a la Contraloría Regional de Valparaíso para presentar los antecedentes y solicitar que investigue posibles irregularidades cometidas por la administración Ramírez en este anhelado proyecto que contaría con financiamiento público y privado. Cabe hacer presente que la acción se realizó junto a los vecinos Susanne Spichiger y Sergio Cabezas.
Pero antes de detallar las presuntas irregularidades, vale mencionar que la iniciativa proyectada por la inmobiliaria Auco SpA se emplaza en un lote de propiedad municipal, ubicado en la Av. Concón - Reñaca, y consiste en la construcción de dos edificios: uno para el funcionamiento del Municipio de Concón (de 5.700 metros cuadrados, en tres pisos); y un edificio complementario para el comercio y servicios públicos (de 6.750 metros cuadrados, dispuestos en tres pisos).
El objetivo es que ambos alberguen a 750 trabajadores, considerando funcionarios municipales, usuarios de las oficinas y espacios del edificio complementario comercial. Pero además, este complejo de dos edificios contaría con 649 estacionamientos: 562 para automóviles y 87 para bicicletas.
Según indica la inmobiliaria Auco SpA en una presentación a la cual pudo acceder Puranoticia.cl, el sustento del proyecto está principalmente en que la Municipalidad de Concón funciona actualmente en 13 instalaciones distintas, lo que dificulta la distancia física entre oficinas, además de que no todas las oficinas fueron diseñadas para el uso actual, no cumplen todas con las normas de accesibilidad universal, sumado al alto costo de mantenimiento de las oficinas antiguas.
En cuanto a su financiamiento, se propone aplicar la Ley Nº 19.865 de Financiamiento Urbano Compartido (FUC), creada el año 2003, la cual establece que "los Servius y Municipios podrán adquirir bienes o contratar con terceros la ejecución, operación y mantención de obras de equipamiento comunitario, remodelaciones, áreas verdes, parques industriales, vías urbanas, infraestructura urbana y, en general, de aquellas obras cuya ejecución y mantención les competa".
En palabras sencillas, el mecanismo propuesto habla de formar una sociedad junto a un privado, al que se le entrega este terreno de propiedad municipal para que construya el centro cívico conformado por dos edificios y donde el pago del arriendo sería durante 35 años, con cuotas mensuales equivalentes a los $17 millones. Importante es mencionar que, a pesar de que la modalidad de Ley FUC tiene un antecedente en la comuna de Ñuñoa, se trata de una opción que no ha tenido mucho éxito en el tiempo.
En la presentación de Auco SpA, se indica que desarrollan proyectos de inversión pública y privada desde el año 2002, que tienen experiencia como desarrollador inmobiliario, con foco en vivienda con subsidio y miles de metros cuadrados construidos. Lo que no cuentan es que su gerente es el ingeniero Tomás Ochoa Capelli, ex director del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso y ex funcionario municipal de la administración de Virginia Reginato en Viña del Mar.
Puranoticia.cl tomó conocimiento que la "llegada" del UDI Tomás Ochoa al Municipio de Concón se habría generado por su vínculo con César Sanhueza, quien fuera jefe de gabinete y brazo derecho del alcalde Freddy Ramírez. Fuentes al interior de la casa edilicia cuentan que Ochoa y Sanhueza se conocieron en el Serviu y que desde ahí forjaron una buena relación que, años más tarde, los llevó a "reencontrarse" en Concón con esta empresa inmobiliaria. Importante también habría sido el empujón que le dieron los dos asesores UDI con los que cuenta el jefe comunal: Carlos Bannen, ex concejal de Valparaíso; y Jaime Varas, ex concejal de Viña del Mar; lo que también hace pensar que esta iniciativa contaría con el respaldo absoluto de la concejala gremialista por Concón, Sandra Contreras.
Pero para poder materializar este Parque Cívico para Concón, primero debe cambiarse el uso de suelo en el Plan Regulador Comunal, instancia requerida por la propia empresa Auco SpA el 15 de marzo de 2023, solicitando incorporar las clases Comercio y Salud, para agregar actividades como cafeterías, minimarket, librería y restaurante, en el primero; y actividades sanitarias, con excepción de hospital, cementerio, Cesfam, clínica, centro de rehabilitación, y Servicio Médico Legal, en el segundo.
Cabe hacer presente que la enmienda es un procedimiento simplificado de modificación a un PRC, que se aplica a determinadas variaciones de menor consideración. En este caso, se plantea incorporar los usos de suelo Comercio y Salud, (en escala menor y básica) en la zona denominada Zona de Equipamiento, donde actualmente se permiten labores científicas, culturales, deportes, esparcimientos, servicios y sociales; excluyendo expresamente los de comercio y salud.
La solicitud fue acogida por la Municipalidad de Concón, que explicó que el objetivo de esta enmienda es "mejorar el instrumento de planificación territorial, vinculado a los procesos de globalización, de economías interrelacionadas, de sustentabilidad y participación efectiva de la comunidad".
La administración Ramírez agrega que la enmienda del PRC deberá "reflejar las aspiraciones de la comunidad respecto al mejoramiento de su calidad de vida y la protección del medio ambiente, y lograr que la propuesta de estructuración urbana genere territorios más competitivos al superar sus deficiencias y potenciando el desarrollo de los recursos locales, tanto económicos, naturales y humanos".
A raíz de la presentación de esta enmienda, la concejala María José Aguirre acudió a la Contraloría Regional de Valparaíso para denunciar "irregularidades administrativas observadas al proceso", asegurando que no se ha entregado toda la información requerida y que, además, se ha incumplido la legislación vigente.
En primer lugar se expone que el Municipio en su memoria explicativa de la propuesta de enmienda, propone incorporar los usos comerciales y de salud, "a través de un proceso que se pretende impulsar torciendo el espíritu de la Ley General de Urbanismo y Construcción y la Ordenanza del mismo ramo". De igual forma, afirma que se analizaron las disposiciones de la ley y la ordenanza, sin embargo se arribó a una "conclusión antojadiza y apartada del espíritu del ordenamiento jurídico".
"A saber, todas estas disposiciones se refieren al procedimiento de enmienda de un plan regulador, como pretende ejecutarlo la Municipalidad de Concón, más estas disposiciones permiten el desarrollo de este proceso -enmienda- en hipótesis distintas a las planteadas por la Municipalidad de Concón", agrega.
Aguirre expuso ante Contraloría que el artículo 45 de la LGUC establece en el numeral primero del inciso segundo que este proceso está permitido para la localización del equipamiento vecinal en los barrios o sectores, "situación muy distinta a la pretendida por el Municipio, en cuanto a la construcción de un edificio consistorial y un centro cívico con comercio y establecimientos de salud, tal como se concluye de su propuesta de adición de usos permitidos". Y es que apunta a que "en ninguna parte aparece que, por medio de este proyecto, la institución edilicia, pretenda localizar el equipamiento vecinal".
También está contemplado el inciso segundo del artículo 2.1.13 de la OGUC, en cuanto se refiere "redefinición de la localización del equipamiento vecinal en los barrios o sectores, para lo cual deberá cambiar los usos de suelo así establecidos en el Plan Regulador Comunal, ya sea suprimiendo algunos o permitiendo otros, en la misma zona o en otra nueva, sin que se informe en la memoria explicativa u otro documento cuales serán esos inmuebles sobre los cuales recaerán los cambios de usos de suelo establecidos como equipamiento vecinal en el plan regulador comunal".
Otra de las irregularidades detectadas dice relación con que el equipamiento vecinal a escala menor no debe exceder las 1.000 personas; esto, teniendo en cuenta que el proyecto que promueve el Municipio del alcalde Freddy Ramírez considera 750 trabajadores, sin indicar a cuántos usuarios pueden atender en los dos edificios. Al respecto se indica que "es posible inferir que el número de personas que circularán en esa zona excede con creces el numero de 1.000 personas". Lo mismo se aplica al equipamiento básico el cual, aún tratándose de un número inferior, "va a ser sobrepasado por la cantidad de trabajadores considerados en el proyecto".
El último punto expuesto ante Contraloría dice relación con la decisión del alcalde Freddy Ramírez de "bajar el proceso de enmienda que se está llevando adelante, dado que existe mucha desinformación", tal como dijo en sesión de Concejo del 10 de octubre, agregando que se iba a preparar un nuevo proceso "mucho más grande y que involucre otras alternativas". No obstante, en la denuncia se explica que esta situación "no ha sido efectuada a la fecha mediante el acto administrativo correspondiente, manteniéndose el proceso de enmienda en curso", pese a lo declarado en Concejo.
Tras conocer todos estos antecedentes, Puranoticia.cl tomó contacto con la concejala María José Aguirre, quien explicó que "es una presentación absolutamente desprolija. y creemos que existen irregularidades administrativas en el cambio de uso de suelo desde una zona de equipamiento a una zona comercial. Es por eso que hemos ingresado nuestra denuncia a Contraloría".
"La desinformación que alude el alcalde en Concejo Ordinario del 29 de octubre, es única y exclusiva responsabilidad de él mismo, y de eso pueden dar cuenta los vecinos que estuvieron presentes en el Concejo Extraordinario donde fueron mas las preguntas y dudas, que las respuestas obtenidas", agregó.
Aguirre sostuvo que, además, dicen ser "campeones de la participación ciudadana, pero este proyecto no tuvo consulta ciudadana, lo cual me parece gravísimo. Pero también el proyecto ha cambiado significativamente entre el que nos presentaron a los concejales con el que ingresó a pertinencia ambiental".
De igual forma, expuso que "si bien, el Alcalde hizo mención en Concejo Ordinario Nº 29, del 10 de octubre, que bajaría el proceso de enmienda, dado que 'existe desinformación que ha llevado a confusión y a la especulación', esto no se ha llevado a cabo a través del acto administrativo correspondiente. Incluso, a la fecha, la memoría explicativa sigue expuesta en sala de Concejo. Aquí ha habido una falta de seriedad importante, de la cual tendrá que hacerse cargo.".
Acerca de la inmobiliaria detrás de la iniciativa, la edil concluyó diciendo que "hemos intentado recabar información sobre la inmobiliaria, pero en lo personal no tengo ninguna información. La verdad es que quiero poner el acento en cómo se ha llevado este proceso, que ha sido desprolijo y con una falta de seriedad importante, además de una falta de información hacia los vecinos que no corresponde".
PURANOTICIA
