Puranoticia.cl accedió al documento del ente fiscalizador, que da cuenta de las graves irregularidades cometidas en torno a la construcción del reducto deportivo, cuya obra concluyó el 2021, sin embargo sigue sin ser utilizado debido a las falencias detectadas.
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A raíz de dos denuncias ingresadas por el diputado Andrés Celis Montt, la Contraloría Regional de Valparaíso efectuó una auditoría y examen de cuentas al proyecto de reposición del estadio municipal de San Antonio, a cargo de la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso (DRAV), y por mandato del Municipio, durante el periodo comprendido entre el 23 de marzo de 2018 y el 1 de junio de 2022.
El parlamentario que representa a la zona costera de la región de Valparaíso (Distrito 7) acudió a la entidad que fiscaliza a los órganos del Estado para denunciar presuntas irregularidades cometidas durante la construcción del estadio municipal Doctor Olegario Henríquez Escalante, considerando, entre otros aspectos, el retraso en la recepción municipal definitiva de la obra que tuvo un costo de $11.000 millones.
El proceso investigativo de Contraloría también tuvo en cuenta los antecedentes aportados por la alcaldesa Constanza Lizana Sierra, quien denunció que la DRAV no habría cumplido con el convenio celebrado entre las partes, al pretender que el Municipio –en su calidad de mandante– se hiciera cargo de la obra, pese a que la Dirección no había subsanado las observaciones pendientes, impidiendo por tanto que se autorizara la recepción definitiva de los trabajos.
Cabe hacer presente que actualmente el estadio se encuentra inutilizable, sin embargo, un convenio entre la Municipalidad de San Antonio y el Instituto Nacional de Deportes permitirá obtener recursos por $1.900 millones para avanzar en la reposición del estadio municipal Dr. Olegario Henríquez Escalante y darle continuidad al proyecto, iniciar la apertura parcial del recinto e ir avanzando hasta su totalidad con el cumplimiento de los estándares para lo que fue diseñado y construido.
Antes de detallar las conclusiones a las que llegó Contraloría, vale mencionar que el proyecto en cuestión contempla un mejoramiento integral del recinto, que considera una cancha profesional de fútbol con césped natural, dos canchas auxiliares de pasto sintético, una pista atlética sintética de 8 carriles, superficies de saltos, zonas de lanzamiento, graderías para 5.000 espectadores en butacas individuales, servicios de equipamiento para deportistas y espectadores, entre otros.
La infraestructura es de propiedad de la Municipalidad de San Antonio y su construcción fue encomendada a la Dirección Regional de Arquitectura, del Ministerio de Obras Públicas, mediante el convenio mandato suscrito el 26 de diciembre de 2016, aprobado por resolución exenta el 19 de enero de 2017. La obra fue adjudicada a la empresa Constructora Valko S.A., por $11.425 millones ($11.425.201.838), con un plazo de entrega de 540 días hábiles (14 de septiembre de 2019).
Dada la importancia del proyecto, y los montos que éste involucra, Contraloría efectuó una revisión para verificar que la ejecución de las obras se haya ceñido a las especificaciones técnicas y normativas aplicables, así como acreditar que los gastos –aumentos, disminuciones y obras extraordinarias incluidas–, se encuentran debidamente acreditados, calculados y contabilizados.
La Contraloría, por medio de su Informe Final Nº 378 de 2022, al cual Puranoticia.cl tuvo acceso, da cuenta de una serie de deficiencias técnicas en el proyecto del estadio municipal de San Antonio, las cuales afectan las construcción ejecutadas, como fallas eléctricas en los sistemas de iluminación, defectos en pavimentos, avanzada corrosión en elementos metálicos, entre otros que se detallarán a continuación.
Por ejemplo, se comprobó que la sala eléctrica del sector poniente del reducto deportivo presenta cordones de cables cortados y falta de protecciones acrílicas en los alimentadores de los tableros, lo que "representa un potencial peligro de electrocución en su operación", según Contraloría. Además, no fue posible verificar la efectiva operación de las luminarias en las galerías del estadio.
A través de un informe sobre peritaje eléctrico del 16 de mayo de 2022, realizado por el Departamento de Ingeniería y Construcción de la Dirección Nacional de Arquitectura, se dio cuenta, entre otros defectos, de la ocurrencia de la mencionada falla eléctrica. A ello se suma la falta de acceso (gatera) a los entretechos, lo que no permite inspeccionar y/o dar mantención las instalaciones de ese lugar.
También se verificó que la carpeta de las canchas de pasto sintético presenta desniveles y falta de homogeneidad, evidenciando en varios sectores un deterioro y propagación de maleza. Además, se comprobó la presencia de corrosión en los perfiles de portones, bisagras, barandas, placas y mallas metálicas de los cierres perimetrales del recinto, rejas de cancha principal y de pasto sintético, puertas microperforadas y correderas.
En varias zonas de los sectores norte y sur del estadio de San Antonio se detectaron patologías en los pavimentos exteriores –veredas de 7 centímetros– tales como: segregación superficial, fisuras transversales y de esquina, desconches en juntas, diferencias de nivel o escalonamiento entre paños de hormigón, diferencias notorias en la rugosidad entre paños, entre otros.
En atención a que la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso confirma la objeción formulada, referida principalmente a las fallas eléctricas que presenta el sistema de iluminación y las faltas de protecciones en los tableros eléctricos, los que representan un potencial peligro de electrocución, la Contraloría Regional de Valparaíso dio un plazo de 60 días a la DRAV del MOP para que les informen las medidas adoptadas para corregir las deficiencias objetadas.
El plazo inicial ofertado por la empresa en su propuesta, más las ampliaciones otorgadas durante la ejecución de las obras, eran de 504 días corridos, con lo que la fecha para el término de los trabajos quedó fijada para el 30 de enero de 2021. No obstante, en marzo de aquel año, la comisión de recepción provisoria señaló que no era posible cursarla porque los trabajos no terminaban. De hecho, la obra se dio por finalizada el 15 de abril de 2021, cuando el contratista entregó el certificado de dotación de servicios.
Bajo este contexto, es dable concluir que el contratista incurrió en un atraso efectivo en el término de los trabajos de 75 días corridos, situación que debió dar lugar a una multa equivalente a $258 millones ($258.258.736), conforme a lo dispuesto en el artículo 163 del RCOP, y numeral 7.12.1 del Anexo Complementario aprobado por resolución exenta DA RV N° 148 , de 2017.
Pese a ello, hasta la fecha de la fiscalización realizada por la Contraloría Regional de Valparaíso el pasado 1 de junio de 2022, no existía evidencia de que se haya hecho efectiva la mencionada multa. En relación al cobro de multas, la DRAV reconoce que hasta la fecha no se habían cursado multas por atraso en el término de los trabajos, señalando que la empresa contratista presentó los recursos de reposición y jerárquicos sobre el término de la obra y la recepción provisional con reservas, los que fueron rechazados a través de las resoluciones Nº 287 y 737, ambas de 2022.
De igual forma, se estableció mediante oficio que se había corregido la fecha real de término, la cual fue fijada para el 6 de julio de 2021, y que las multas por atraso derivadas serían aplicadas en el contexto de la devolución de las retenciones. En consecuencia, Contraloría estableció que mientras no se concrete el cobro de la multa, por un valor equivalente a lo menos a $258.258.736, se debe mantener la observación. De lo contrario, formularán el reparo correspondiente.
En el informe se detalló un cambio en el esquema de protección al fuego de las estructuras metálicas, explicando que no era posible alcanzar con la pintura intumescente una protección grado F-120 en las columnas del eje "A", de diámetro 8" y espesor 6,35 mm, dada la masividad de 163 m-1, lo que obligó a considerar un mortero intumescente, que debía considerarse como obra extraordinaria.
En ese sentido, se actualizó el valor de esta partida por ajustes de los metros cuadrados de estructura a proteger, pasando de 250 m2 a 304 m2 por "ajustes de cubicación". Importante es mencionar que el presupuesto de la empresa a cargo de la obra contempló sólo 112 m2 y no 250 m2 como menciona en el informe.
Lo anterior no se ajusta ni a la ley ni a lo expresado por Contraloría, debido a que se realizó un aumento de 192 m2 de mortero intumescente y un pago de $22 millones ($22.356.030), sin contar con los respaldos que lo avalen. El pago se realizó a través de los estados de pago Nº 21 y 22, de marzo y abril de 2020.
Como no se tuvieron a la vista los documentos de respaldo que permitieran comprobar que efectivamente correspondía la cantidad de obra actualizada, la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso deberá acreditar el cálculo de los m2 de mortero intumescente a aplicar, en un plazo de 30 días hábiles. De lo contrario, Contraloría indicó que se formulará el respectivo reparo.
De igual forma, se constató que en diversos elementos de la estructura metálica del estadio no se observó la exigencia normativa de protección al fuego respecto a la pintura intumescente aplicada, por lo que la Municipalidad y la DRAV deberán informar las medidas adoptadas, para dar cumplimiento a la protección al fuego según exige la norma para cada uno de los elementos metálicos del estadio. Junto a ello, la DRAV deberá ordenar un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas en los hechos antes reseñados.
El Informe Final Nº 378 de 2022 también da cuenta que se advirtieron diversas irregularidades en el proceso de recepción provisoria del contrato, como por ejemplo la autorización para efectuarla sin cumplir con los requisitos para ello y la falta de cumplimiento del procedimiento establecido en las bases.
Esta situación vulnera lo dispuesto en el decreto N° 75, de 2004, del MOP, Reglamento Para Contratos de Obras Públicas (RCOP), por lo que la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso y la Municipalidad de San Antonio deberán disponer las medidas correctivas para que los hechos constatados no vuelvan a ocurrir y se realicen en conformidad a lás disposiciones establecidas en las bases de licitación y la documentación reglamentaria que reguló el acuerdo de voluntades. Estas materias también deberán ser incluidas en el mencionado procedimiento disciplinario.
Junto a ello, también se comprobó una excesiva dilación en el cumplimiento de las obligaciones de la DRAV, situación que impidió disponer oportunamente la puesta en servicio del estadio de San Antonio, por lo que deberán adoptar las medidas tendientes a no reiterar la situación planteada.
El Municipio de San Antonio también incurrió en irregularidades, luego que Contraloría detectara que dicha casa edilicia excedió el plazo de 30 días establecidos para concretar el pago de las facturas a los proveedores, motivo por el cual deberán saldar oportunamente sus obligaciones, no excediéndose de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura o respectivo instrumento tributario de cobro.
Por último, se verificó una "falta de acción oportuna" del Municipio y la Dirección Regional de Arquitectura en cuanto a determinar si procedía –o no– incorporar y ejecutar la «Jaula de Lanzamiento» en el sector de la disciplina del martillo; esto, considerando que figuraba en el plano de emplazamiento, pero no en las especificaciones técnicas de arquitectura ni de especialidades del proyecto. Finalmente el elemento no se ejecutó, por lo que ambos organismos deberán velar que los proyectos licitados se encuentren afinados y definidas las partidas que lo conforman.
PURANOTICIA
