El diputado Tomás Lagomarsino ingresó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, instancia en la que solicitó una serie de diligencias, entre ellas, que se cite a declarar a una serie de autoridades técnicas, de Gobierno y municipales de Viña y Quilpué.
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Fue la noche de este martes 1 de octubre cuando la Sala de la Cámara de Diputados, mediante 65 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, aprobó el informe de la Comisión Especial Investigadora (CEI) del Megaincendio del 2 y 3 de febrero en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, catástrofe que terminó con la vida de 137 personas, destruyó más de 8 mil viviendas por acción del fuego y dejó a más de 22 mil damnificados.
72 horas después, el presidente de dicha instancia legislativa, el diputado Tomás Lagomarsino, acudió al Juzgado de Garantía de Valparaíso para presentar una querella criminal contra quienes resulten responsables por cuasidelito de homicidio múltiple, con infracción al reglamento, y negligencia de parte de autoridades y funcionarios públicos, “que habría llevado al lamentable deceso 137 chilenos".
El representante del Distrito 7 y militante del Partido Radical (PR), explicó que esta presentación se sustenta en que "había información más que suficiente (66 minutos antes para el caso de Viña del Mar y 56 minutos antes para el caso de Quilpué, según se estableció en la CEi del Megaincendio) para haber iniciado un proceso de evacuación más coordinado, planificado, y no exclusivamente a través del Sistema de Alertas de Emergencias (SAE) como finalmente ocurrió".
Cabe recordar que a las 17:35 horas de aquel fatídico viernes 2 de febrero, una torre de vigilancia, ubicada entre los inicios de los focos y las zonas urbanas de Viña del Mar y Quilpué, alertó que el fuego iba rápidamente con destino a la Ciudad Jardín. Aquella información llegó al Puesto de Mando Unificado (PMU) 66 minutos antes de las alertas de emergencias emitidas en Viña del Mar. Pero, además, a las 17:40 horas, un vuelo alertó también al PMU que el fuego se encontraba a 1 kilómetro de la localidad quilpueína de Pompeya Sur, aunque sin iniciarse el sistema de evacuación. De hecho, pasaron 56 minutos hasta que las alertas fueron despachadas a la Ciudad del Sol.
"Tenemos antecedentes suficientes para saber que había información para haber iniciado un proceso de evacuación mucho más planificado y coordinado para los sectores de Viña del Mar y Quilpué, y que hubiera podido, probablemente, evitar el fallecimiento de las 137 víctimas fatales, que es lo que estamos sosteniendo en nuestra querella criminal contra quienes resulten responsables", sostuvo el legislador.
Junto a destacar que la información recabada en la Comisión Especial Investigadora del Megaincendio es suficiente para circunscribir las responsabilidades políticas y penales en diversas personas que estuvieron en el Puesto de Mando Unificado, Lagomarsino lamentó que "no obtuvimos la información suficiente en nuestra indagatoria, porque evidentemente en algunas preguntas que realizamos reinaba el silencio o evadían las preguntas cuando llegábamos a los puntos más complejos”.
En ese sentido, expresó que "nosotros tenemos claridad de quiénes podrían estar circunscritos a la responsabilidad penal, pero no somos capaces –con la información recabada– de puntualizar cuál de todos ellos, o si más de uno, son los responsables. Aquí teníamos un PMU en el que estaba trabajando colaborativamente la Delegación Presidencial Regional que tenía el mando de autoridad; Conaf, que tenía el mando técnico; y Senapred, que tenía el mando de coordinación. Entre estos tres organismos –según el Plan regional de Emergencia– debía tomarse la decisión e informar al Sistema de Respuesta ante Desastres que había que proceder a una evacuación coordinada, planificada, encabezada por los municipios, con cooperación y apoyo de Carabineros, Bomberos e incluso Fuerzas Armadas".
En cuanto a la acción judicial presentada –documento al que accedió Puranoticia.cl– se circunscribieron las responsabilidades y, además, se pidieron una serie de diligencias, junto a aportar textos y archivos –como el propio informe de la CEI–, logrando individualizar aquellos que son más relevantes para la investigación. Entre estos están las bitácoras de Conaf, de Senapred y un oficio enviado por la institución forestal con la información del vuelo de las 17:40 horas y la comunicación que hubo.
Sobre esta base, se solicitaron diligencias para que concurra a declarar al Ministerio Público el exdirector de Conaf, Christian Little; el director regional de Conaf, Leonardo Möder; el comandante de Incidentes de Conaf, Luis Correa; el jefe del Departamento de Protección contra Incendios Forestales, Juan Atienza; todos los cuales se encontraban presentes el Puesto de Mando Unificado aquel viernes 2 de febrero.
Las diligencias también apuntan a Paula Gutiérrez, seremi de Justicia que aquel día se desempeñaba como Delegada Presidencial Regional subrogante de Valparaíso; así como también a una asesora del mismo organismo gubernamental.
En la querella también se indica que se busca obtener las declaraciones de un funcionario de Senapred que estuvo en el PMU; los dos que habrían estado en la torre de vigilancia; los que estaban en el vuelo de reconocimiento que sobrevoló Pompeya Sur; el director regional de Senapred; y todos los funcionarios que estaban en el PMU, además de las alcaldesas Macarena Ripamonti y Valeria Melipillán, junto a sus jefes de Departamentos de Gestión de Riesgo y Desastres de Viña y Quilpué.
Consultado respecto a las declaraciones de la delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, quien señaló que no se debían determinar las responsabilidades políticas, sino sólo las materiales, el diputado Lagomarsino puntualizó que "me parece una declaración bien desafortunada, porque recordemos que en 2010, cuando fue el terremoto del 27F, el Subsecretario del Interior y la ex Directora de Onemi de aquel entonces fueron juzgados y sentenciados por la justicia de nuestro país por los mismos artículos que estamos invocando hoy, producto del fallecimiento de las personas por el tsunami que no fue advertido”.
"No sólo se debe indagar, investigar, llevar a la justicia y condenar a los responsables materiales del incendio, sino que la justicia también debe indagar los actos u omisiones que llevaron a esta cifra. De hecho, esto está considerado en el Código Penal, en el Artículo 492, que establece que todo aquel que incumpliendo los reglamentos o actúe con negligencia indebida y aquello resultare en fallecimiento, puede ser condenado en el presidio que determina el Código Penal", continuó.
Considerando esto último, el parlamentario PR dijo que "aquí, la Delegada, yo diría que está tratando de exculpar responsabilidad a autoridades y funcionarios públicos, que me parece que no es lo debido en un incidente que llevó al lamentable fallecimiento de 137 personas", agregado que "sostenemos en la querella que había información suficiente en el Puesto de Mando Unificado para haber iniciado un proceso de evacuación con antelación, de 66 minutos en Viña y 56 para Quilpué”.
También expuso que "no individualizamos la querella con ninguna de las autoridades en particular, porque sabemos que la decisión se dejó de tomar en el PMU, donde habían autoridades y funcionarios –que tenemos claros quiénes estaban allí– y que dejaron de tomar la decisión de evacuar oportunamente y de comunicarla oportunamente al sistema".
A ello agregó que "si nos basamos en la experiencia, y el precedente y la jurisprudencia del 27F de 2010, hay precedentes de que autoridades y funcionarios públicos que, por su actuar u omisión en el ejercicio de sus funciones, llevaran al fallecimiento de chilenos y chilenas, pueden ser condenados a presidio, independiente de las otras medidas que se puedan adoptar”.
Por último, luego que el ex director regional de Conaf en Valparaíso, Alejandro Zuleta, afirmara que “no estábamos preparados para una emergencia", Lagomarsino cerró diciendo que "uno no puede dejar de escuchar y encontrarle sentido, sobre todo después de haber escuchado oficial y extraoficialmente a tantas personas durante el transcurso de la Comisión Especial Investigadora. Y por ello, damos fe que, dentro de nuestra apreciación, coincidimos en torno al estado de Conaf”.
PURANOTICIA
