Organización operaba entre Los Lagos, Valdivia, La Araucanía y Santiago, movilizando toneladas de recursos pesqueros para evadir controles sanitarios y tributarios.
El Juzgado de Garantía de Valdivia dejó en prisión preventiva a I.R.C., S.M.N., A.V.R. y M.U.S., líderes de una organización dedicada al tráfico de productos del mar, principalmente merluza austral, congrio dorado y locos.
Tras la formalización, el magistrado Fabián Duffau ordenó el ingreso de I.R.C., S.M.N. y A.V.R. al Centro Penitenciario de Valdivia, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
En el caso de M.U.S., el juez consideró el peligro de fuga, por lo que estableció una caución (fianza) de $10.000.000. Además, fijó en 100 días el plazo de investigación.
Otros tres imputados, J.P.I., H.O.G. y J.L.C.T. quedaron con domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los coimputados; mientras que a J.P.V.R. se le impuso el arresto domiciliario parcial nocturno, arraigo nacional y la prohibición de comunicación.
Finalmente, los otros 47 imputados en la causa, quedaron con arraigo nacional y firma quincenal.
Según expuso la fiscalía, la organización operaba mediante tres subgrupos estructurados que traficaban grandes volúmenes de recursos pesqueros desde la región de Los Lagos hacia la ciudad de Valdivia, con ramificaciones hacía las regiones de La Araucanía y Metropolitana. Trabajaban de manera coordinada para evadir controles sanitarios, de trazabilidad y tributarios.
En el caso de la primera estructura, liderada por I.R.C y S.M.N., se abastecía de cargamentos ilícitos en Calbuco, a través de dos proveedores imputados en el caso. Rama que, además, contaba con una red de recaudación de dinero en la Feria Fluvial de Valdivia y la colaboración de cajeras del peaje en La Unión, las que les avisaba de eventuales fiscalizaciones en la ruta.
La segunda estructura, dirigida por J.P.I., tenía su centro de acopio y comercialización en puestos de la Feria Fluvial de Valdivia.
Finalmente, la tercera estructura era abastecida por un "clan familiar" de Calbuco y movilizaban entre 2.500 y 3.000 kilogramos dos veces por semana.
Asimismo, la organización contaba con la participación activa de funcionarios de Carabineros y Sernapesca, quienes actuaban como brazos operativos.
Las ganancias obtenidas por el comercio ilícito de productos del mar le permitieron a la organización obtener un patrimonio estimado en $4.500 millones, por lo que implementó un masivo esquema de lavado de activos, que incluía el uso de múltiples cuentas bancarias, la adquisición de vehículos de alto valor, viviendas e inversiones inmobiliarias.
Estas actividades ilícitas produjeron un perjuicio fiscal calculado, solo respecto de la evasión del impuesto al valor agregado (IVA), en $855.000.000.
PURANOTICIA