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Dan plazo de 10 días al Gobierno Regional de Valparaíso para subsanar incumplimientos a la Ley de Transparencia: podrían haber sumarios

Dan plazo de 10 días al Gobierno Regional de Valparaíso para subsanar incumplimientos a la Ley de Transparencia: podrían haber sumarios

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El Consejo para la Transparencia (CPLT) llevó a cabo una fiscalización al cumplimiento de las normas sobre transparencia activa en los 16 gobiernos regionales del país, resultados que dan cuenta que el de Valparaíso se ubica en el puesto 10, con 78% de cumplimiento.

Dan plazo de 10 días al Gobierno Regional de Valparaíso para subsanar incumplimientos a la Ley de Transparencia: podrían haber sumarios
Martes 13 de agosto de 2024 15:45
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El Consejo para la Transparencia (CPLT) llevó a cabo un proceso de fiscalización en materia de transparencia activa, vale decir, aquella información que es de carácter público y que debe ser disponibilizada por los servicios estatales en sus respectivos sitios electrónicos, de manera permanente y actualizada de forma mensual.

Es bajo este contexto que el CPLT detectó una serie de falencias en cinco gobernaciones regionales del país, por las cuales instruyó investigaciones sumarias y otras tres a las que les dio un plazo de 10 días para subsanar sus incumplimientos. Justamente en este último grupo está la Gobernación Regional de Valparaíso.

Respecto del primer lote, en él se encuentran los Gores de Atacama, O’Higgins, Arica y Parinacota, Antofagasta y Tarapacá, quienes deberán entregar un sumario a fin de que se establezcan las responsabilidades y se apliquen las sanciones que correspondan. En el segundo grupo están los Gores de Valparaíso, La Araucanía y Los Ríos, que deberán subsanar sus incumplimientos, de lo contrario, también se aplicarán sumarios.

Tomando en cuenta las materias reguladas, los resultados del estudio permiten observar que el promedio de cumplimiento de los gobiernos regionales alcanza un 76,6%

Ahora bien, al observar los resultados de la fiscalización de forma separada, se puede advertir que hay un disímil grado de cumplimiento, donde en el caso del Gobierno Regional de Valparaíso llega a 78%, ocupando la 10ª posición entre los 16 Gores fiscalizados, cifra que es dos puntos porcentuales superior al promedio a nivel nacional. En ese sentido, las regiones mejor evaluadas son Coquimbo, Aysén y Magallanes.

La situación general, según ítem fiscalizado en el Gore de Valparaíso muestra que en gran parte de estos no se detectaron infracciones, con excepción del ítem «Estructura Orgánica de Transparencia y Protección de Datos», el de «Actos y resoluciones con efectos sobre terceros»; y el de «Mecanismos de participación ciudadana en ejecución», los cuales no tienen información disponible.

A ellos se suman los ítems de «Información sobre escalas de remuneraciones», «Subsidios y beneficios propios» y «Nómina de beneficiarios», los cuales según la fiscalización del Consejo Para la Transparencia cuentan con información desactualizada.

Cabe hacer presente que el estudio permite concluir que en las Gobernaciones Regionales existen deficiencias a nivel de la disponibilidad y completitud de la información referida a las transferencias de fondos públicos y de las decisiones que adoptan a través de resoluciones que tienen efectos sobre terceros. De igual manera, a nivel país se detectaron infracciones sobre información presupuestaria y relativa a adquisiciones y contrataciones efectuadas fuera de Mercado Público.

El presidente del CPLT, Bernardo Navarrete, señaló que "en el último tiempo hemos sido testigos de graves denuncias e investigaciones de posibles desvíos de recursos públicos a diversas fundaciones. A propósito de ello, si se pone el foco en la información publicada por los Gobiernos Regionales referida a las transferencias que realizaron, nuestro análisis revela que dos de ellos presentan información incompleta dentro del período analizado, y ocho información no disponible o desactualizada”.

Por último, indicar que la fiscalización se realizó entre abril y mayo de 2024, y consideró una estrategia de triangulación metodológica, que incluyó revisiones manuales de los sitios electrónicos de transparencia activa, explotación de datos y registros disponibles en el Portal de Transparencia del Estado y análisis de información que fue requerida a los gobiernos regionales con ocasión de la fiscalización, siendo el de Antofagasta el único que no se pronunció ante la solicitud de colaboración.

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