Además de la ex modelo, también están imputados su ex pareja, Sebastián Polanco; su hermano Diego Polanco; y los ex funcionarios públicos Simón Acuña y Rodrigo Martínez.
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La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó los recursos presentados por la fiscalía, la querellante y las defensas, en contra de la resolución que decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional contra Camila Polizzi y otros cuatro imputados en la arista «Lencería» del caso «Convenios».
Además de la ex modelo, también están imputados su ex pareja, Sebastián Polanco; su hermano Diego Polanco; y los ex funcionarios públicos Simón Acuña y Rodrigo Martínez.
El 30 de noviembre paado, la Fiscalía Regional del Biobío formalizó a Polizzi y los hermanos Polanco en su calidad de particulares por los delitos estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos,
En el caso de Martínez y Acuña fueron formalizados por fraude al fisco, en su calidad de ex funcionarios del Gobierno Regional del Biobío. El primero era el administrador del Gobierno Regional y el segundo, jefe de Desarrollo Social.
En esa oportunidad, el Juzgado de Garantía de Concepción rechazó las prisiones preventivas y decretó el arresto domiciliario total y arraigo nacional de todos los imputados. La fiscalía y el CDE como querellante apelaron, como también las defensas, que consideraron exagerada la medida.
Sin embargo, este jueves en fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Camilo Álvarez Órdenes, Waldemar Koch Salazar y la fiscal judicial Silvia Mutizábal Mabán– confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Concepción.
Para el tribunal de alzada, la cuantía de las penas asignadas a los delitos, su forma de comisión, pluralidad de agentes y bienes jurídicos afectados "permiten sostener que, por ahora, atendido que todos los imputados gozan de irreprochable conducta anterior, las medidas cautelares impuestas son suficientes, razonables y proporcionales para las finalidades del procedimiento”.
Según la fiscalía, los imputados obtuvieron recursos del GORE para el desarrollo del programa «Capacitación Ciudadana para Familias de Barrio Norte», el que sería ejecutado por la Fundación En Ti, pese a conocer que dicha fundación no cumplía con las exigencias establecidas, ni contaba con competencias en el área, causando con ello un perjuicio al erario Fiscal de unos 260 millones de pesos.
PURANOTICIA
