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Corte de Apelaciones de Temuco acoge la solicitud que hizo Fiscalía para desaforar al diputado Mauricio Ojeda

Corte de Apelaciones de Temuco acoge la solicitud que hizo Fiscalía para desaforar al diputado Mauricio Ojeda

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El parlamentario está siendo investigado por fraude al fisco en el marco de la arista "manicure” del «Caso Convenios».

Corte de Apelaciones de Temuco acoge la solicitud que hizo Fiscalía para desaforar al diputado Mauricio Ojeda
Lunes 22 de julio de 2024 19:15
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La Corte de Apelaciones de Temuco acogió la solicitud de la Fiscalía y desaforó al diputado Mauricio Ojeda (IND.), investigado por el millonario fraude del Gobierno Regional de La Araucanía en el marco del «Caso Convenios», donde se investigan más de $730 millones, presuntamente desviados por parte de las fundaciones Folab y Educc.

Según el Ministerio Público, el legislador desplegó acciones para contactar a las partes, entregó y recibió recursos de la operación, y habría participado directamente en la tramitación de los convenios.

Confirmado el desafuero, Ojeda puede ser acusado penalmente y ser sometido a medidas cautelares, como la prisión preventiva, y recibir una sentencia en el caso de que sea considerado culpable de algún ilícito.

El pasado 10 de julio, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, expuso ante la Corte de Apelaciones de Temuco en el marco de la arista “manicure”, donde se investigan dos convenios por los mencionados $730 millones desviados, con el fin de fundamentar la solicitud del Ministerio Público para pedir el desafuero del diputado Ojeda.

Durante su exposición, el persecutor detalló que el parlamentario fue el encargado de contactar a las fundaciones encabezadas por Rinete Ortiz con Juan Pablo Leonelli Lepín, exjefe de gabinete del gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas.

Ortiz y Lepín, principales implicados en esta causa, habrían coordinado y planeado la formalización de los proyectos gracias a este contacto de Ojeda, quien era amigo de la dueña de las fundaciones y cercana al funcionario del Gore, quien planteó que los convenios debían dividirse en dos para no requerir la aprobación del Consejo Regional.

Otro antecedente revelado por la investigación señala que al legislador solicitó la entrega voluntaria de su teléfono celular, a lo cual accedió, pero se acreditó que al entregar el móvil este estaba destruido.

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