Universidad fue contratada para realizar plan maestro para crear un parque urbano en el lugar, pero concejal René Lues advirtió problemas en la forma en que se entregó el trabajo.
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En marzo del año pasado se dio a conocer el acuerdo al que llegaron la Municipalidad de Viña del Mar con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) para diseñar un nuevo parque urbano en el estero Marga Marga de la Ciudad Jardín. La idea era recuperar la condición ecológica del estero, preservar su ecosistema, mejorar la calidad de vida de la comunidad y luchar contra el cambio climático, decían en un comunicado de esa fecha.
El plantel estudiantil debía desarrollar un Plan Maestro para el proyecto e incluir los parámetros necesarios para convertir el estero en un parque, como también para que se aprueben los recursos necesarios por parte de las autoridades competentes.
Pero el trabajo se inició antes, en octubre del 2021, con un diagnóstico de las condiciones del estero en relación a una eventual declaración de humedal, y continuó en diciembre con contactos con la Dirección de Obras Hidráulicas, en el contexto de la Ley de Cambio Climático en Chile. En 2023 se ingresó la ficha del proyecto al Sistema Nacional de Inversiones, a fin de poder ser incluido en el proceso presupuestario del 2024.
Sin embargo, y a raíz de una presentación realizada por el concejal René Lues, la Contraloría Regional de Valparaíso objetó dicho proceso y determinó medidas disciplinarias al Municipio viñamarino para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en el trato directo con el que la Municipalidad contrató a la PUCV para realizar la consultoría del proyecto denominado «Parque Urbano Estero Viña del Mar».
Entre las conclusiones, se advierte que no acreditó el cumplimento de la normativa que regula el trato directo y, por otro, no aplicó ni cobró una multa a la PUCV ascendente a $2.471.875 por atraso en la entrega de uno de los informes.
La denuncia hecha por Lues indicaba que “la entidad edilicia contrató mediante trato directo a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) para realizar la consultoría del proyecto denominado «Parque Urbano Estero Viña del Mar», sin que se haya considerado la realización de una licitación pública, que, la citada casa de estudios incumplió los plazos estipulados en las bases del contrato para la entrega de productos e ingreso de la iniciativa al Sistema Nacional de Inversiones (SNI), sin que la Municipalidad cobrara multas y/o aplicara sanciones por tales retrasos, y que, el Municipio contrató a honorarios a doña María Lorena Herrera Ponce, en circunstancias que aquella pertenecía al equipo de profesionales de la PUCV a cargo del indicado proyecto, cumpliendo funciones de dirección, evaluación social y gestión”, aunque sobre este último punto no hubo objeción de parte de la Contraloría.
Entre sus conclusiones, el órgano contralor advirtió que “la Municipalidad de Viña del Mar no acreditó el cumplimento de la normativa que regula el trato directo en análisis, puesto que no se demuestra la concurrencia de la causal invocada, por lo que deberá adoptar las medidas tendientes a que esa situación no se reitere en lo sucesivo; mientras que respecto al incumplimiento de los plazos en la entrega de informes por parte de la PUCV, ordenó a la Municipalidad de Viña del Mar “proceder al cobro de la multa mencionada, atendido el retraso en la presentación del Informe N° 3, remitiendo los antecedentes que permitan verificar su cumplimiento en el plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del presente oficio”.
La Contraloría señaló, en su análisis de los documentos relacionados a la aprobación del acuerdo por parte del Municipio, que estos hacen referencia "a la necesidad, importancia y conveniencia de avanzar hacia la conversión del estero de Viña del Mar en un espacio urbano de integración social, y que se pidió una cotización de consultoría a la PUCV, la que presentó un equipo multidisciplinario de once personas. Sin embargo, no se advierten en ellos algún elemento que acredite que solo esa casa de estudios estaba en condiciones de entregar el servicio solicitado, requisito fundamental dada la naturaleza excepcional de esta modalidad de contratación (aplica criterio contenido en los dictámenes Nos 50.123, de 2011, 10.857, de 2013 y 91.012, de 2016). De lo expuesto, resulta forzoso concluir que la causal invocada para acudir al trato directo en la contratación de la especie no se encuentra suficientemente fundada".
Junto a esto, el Municipio deberá iniciar un procedimiento disciplinario “para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos descritos, debiendo remitir copia del decreto que así lo disponga a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría General, en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente oficio”.
Lues señaló al respecto que “la regla para la contratación pública es la licitación y el trato directo es un mecanismo excepcional y sólo se aplica en aquellos casos en los que se demuestre el cumplimiento de alguna de las causales establecidas en la Ley de Compras Públicas. Y, tal como lo señalé en innumerables ocasiones en el Concejo, rebatiendo el contenido de los distintos informes jurídicos que nos hicieron llegar sobre este tema, la aplicación de este trato directo estaba errada pues no se cumplía la causal que le daba justificación, ya que, tal como lo señala la Contraloría Regional en su oficio, no se logra acreditar que solo la PUCV estaba en condiciones de entregar el servicio solicitado, requisito fundamental dada la naturaleza excepcional de esta modalidad de contratación”.
Aclaró que “en lo personal tengo la mejor opinión de la calidad profesional y académica de la PUCV y eso no está en cuestión”, pero indicó que “el municipio debió realizar para esta consultoría una licitación pública y no un trato directo, y, por tanto, es su responsabilidad, no de la PUCV. Respecto de la multa que la Contraloría obliga a cursar a la universidad por el atraso en uno de sus informes, como concejal estoy obligado por ley a fiscalizar los contratos y resguardar antes que todo el interés municipal, más allá de la alta valoración que tengo de la PUCV, y, finalmente, sobre la consulta que formulé a la Contraloría en relación a que si estaba bien que la jefa del proyecto de la universidad fuera además funcionaria a honorarios de la municipalidad, me quedó claro que no había incompatibilidad y está bien”.
PURANOTICIA
