El ente fiscalizador estableció que esta contratación "no se ajustó a derecho", además de comprobar que ésta superó la disponibilidad presupuestaria y que el trato directo utilizado no estuvo debidamente justificado, por lo que deberán reintegrar los $7,5 millones.
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Hasta la Contraloría Regional de Valparaíso acudió la ex alcaldesa y actual concejala de Hijuelas, Verónica Rossat (UDI), para denunciar presuntos incumplimientos de funciones e irregularidades de orden financieras y administrativas en la contratación de la empresa Sociedad Consultores AYR SpA, por parte de la Municipalidad que administra el alcalde José Saavedra (Independiente).
Cabe hacer presente que a través de dos decretos, de enero de 2023, el jefe comunal de Hijuelas autorizó –vía trato directo– la contratación de dicha empresa para que prestara servicios de asesoría jurídica-administrativa interna y externa.
En base a ello, la edil acusa irregularidades que –a su juicio– presentaría la contratación, consistentes en que ésta no estaría inscrita en el registro de comercio del Conservador de Bienes Raíces; que no constaría la existencia de la escritura de su constitución ni la vigencia de la sociedad o la de su representante legal; que las funciones contratadas le corresponderían a la labor municipal; y que la contratación cuestionada habría excedido la disponibilidad presupuestaria prevista.
Frente a esto, el 14 de marzo de 2024, el alcalde José Saavedra fue puesto en conocimiento que la Contraloría comenzó una investigación especial sobre este tema, además de solicitarle que formule los alcances y precisiones que procedieran. Esto se concretó por escrito el 5 de abril de 2024, lo que permitió elaborar un Informe Final de investigación, documento de 16 páginas al cual pudo acceder Puranoticia.cl.
Entre las conclusiones de la indagatoria de la Contraloría, se comprobó que la Municipalidad de Hijuelas pagó 7,5 millones de pesos ($7.500.000) de forma improcedente a la empresa Consultora AYR SpA por servicios que les son propios, habituales y genéricos, y que deben llevar a cabo funcionarios municipales, específicamente de la Unidad de Asesoría Jurídica de la casa edilicia hijuelense.
Frente a esta situación detectada, la administración de José Saavedra dio inicio a un sumario en la Municipalidad, lo que a juicio de la Contraloría no basta, pues también anunció que procederá a formular el reparo respectivo por los $7,5 millones; esto, de conformidad a los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336.
La segunda observación planteada por la entidad que fiscaliza a los órganos del Estado dice relación con que la contratación con la empresa Consultora AYR SpA "no se ajustó a derecho", considerando que las funciones convenidas en el contrato debieran ser efectuadas por el propio personal municipal de la Unidad de Asesoría Jurídica.
De igual forma, se pudo comprobar que la contratación superó la disponibilidad presupuestaria que había informado inicialmente el Director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Hijuelas. También se observó que el trato directo utilizado en este vínculo contractual no estuvo debidamente justificado.
Por todos estos hechos –que también están siendo investigados por el sumario en el Municipio– la Contraloría Regional de Valparaíso ordenó adoptar las medidas pertinentes para evitar la reiteración de situaciones similares.
Tras conocer las conclusiones del ente contralor, quien realizó la denuncia, la concejala Verónica Rossat, manifestó "estar conforme, más bien no contenta, porque esto lo denuncié el año pasado en Concejo, antes que se ejecutara el contrato para que el Municipio lo dejara sin efecto, pero no lo hizo”.
PURANOTICIA
