Los concejales de Viña del Mar aprobaron que el Municipio consulte a la de Dirección de Presupuestos respecto a la materialización de esta operación de leaseback para pagar la deuda histórica de las cotizaciones previsionales y descuentos de los trabajadores.
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Pagar la totalidad de la deuda histórica de las cotizaciones previsionales y descuentos de los trabajadores de la salud municipal de Viña del Mar a más tardar el primer semestre de 2023, es el objetivo que tiene la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti al momento de plantear la posibilidad de concretar un leaseback.
El leaseback es una operación donde el Municipio de la Ciudad Jardín, como dueño de un bien inmueble, le vende uno o varios a una entidad financiera, para luego suscribir un contrato de arrendamiento sobre el mismo. De esta forma, reciben dineros de la venta, pero no pierden el uso del inmueble. Entonces, al momento de finalizar el contrato la casa edilicia viñamarina tiene la opción de comprar nuevamente su activo a un valor determinado.
En primera instancia se pensó en tres alternativas de edificios, las que este martes se redujeron a dos: un inmueble ubicado en calle 11 Norte, número 899, con una tasación comercial de más de $5.800 millones ($5.825.203.000); y otro de calle 5 Oriente, lote 710, con una tasación comercial de más de $13.600 millones ($13.639.026.000). Por ambos, la administración Ripamonti espera recaudar al menos unos 17.500 millones de pesos.
Con todos estos antecedentes se llegó a la votación de este martes 6 de diciembre en el Concejo Municipal, que ante la atenta mirada de la Confusam y otros gremios de la salud de la Ciudad Jardín, vieron cómo los ediles aprobaron que el Municipio consulte a la Dirección de Presupuestos (Dipres), del Ministerio de Hacienda, respecto a la materialización de esta operación de leaseback.
A favor de plantearle la operación de leaseback a la Subdere votaron los concejales Alejandro Aguilera, Nancy Díaz, Pablo González, Nicolás López, Sandro Puebla, Carlos Williams, Tomás de Rementería y René Lues; mientras que se abstuvieron los ediles UDI Jorge Martínez y Antonia Scarella.
Pese a ello, los concejales manifestaron sus aprensiones respecto a esta medida, y más aún teniendo como antecedente que esta estrategia fue aplicada por la administración de Virginia Reginato, aunque sin resultados positivos debido a que no hubo mayores interesados en pasarle dinero a un Municipio altamente endeudado.
El concejal Jorge Martínez (UDI) manifestó en conversación con Puranoticia.cl que "el leaseback, una de las desventajas que tiene es que nadie asegura que resulte, dado que ya hay antecedentes previos de leaseback fallidos". Pero ésa no es la única desventaja pues, en caso de haber interesados, los trabajadores deberán esperar meses para que se les paguen las cotizaciones debido a que el proceso es muy lento. A ello hay que sumar el hecho de vender uno o más bienes municipales.
"El leaseback tiene muchas desventajas, es por eso que hemos planteado desde que comenzaron las conversaciones y las comisiones de trabajo que esperábamos más alternativas para evaluar", añadió el edil gremialista.
Por su parte, el concejal Sandro Puebla (Ind-PS), expuso en diálogo con Puranoticia.cl que "advertí que desde la administración anterior se ha tratado de contratar préstamos como éste y no ha resultado porque nadie se ha interesado. Lo que le dijimos a la administración es que primero explore si hay interesados para no hacer el loco licitando un préstamo que nadie nos va a querer otorgar".
En tanto, el edil comunista Pablo González sostuvo en la sesión que "tengo que reconocer que el leaseback es una derrota ideológica en lo particular, y eso no lo voy a ocultar, porque dejamos en manos de un instrumento del flujo de mercado y del capital, los derechos esenciales de los trabajadores. Esto no va a solucionar el problema estructural de fondo de las corporaciones, porque seguiremos haciendo deuda, sea o no controlada".
Dentro de las alternativas propuestas en su momento, el concejal Martínez recordó que estaban el "reasignar el presupuesto, bajando –por ejemplo– el gasto en personal, que para este año son casi $40 mil millones, que obviamente es mucho". Otra alternativa que se abordó en su momento fue el haberle solicitado el dinero al Gobierno o incluso pedir un esfuerzo adicional del Fondo Común Municipal.
No obstante, el concejal UDI dijo que "lamentablemente la administración con la única alternativa que se quedó fue con el leaseback y nosotros creíamos que habían otras posibilidades, pero lamentablemente la Alcaldía no nos tomó en cuenta".
Similar solución fue la compartida por el concejal René Lues (DC), quien propuso que la primera opción, tanto para los trabajadores de la salud como para el Municipio de Viña, debería ser la redistribución del presupuesto de 2023, abordando mayores recursos para la Corporación, considerando las optimistas expectativas de ingresos que tiene la administración para el próximo año.
"Por una parte, es preciso evaluar la carga de la deuda que asumiría el Municipio y, por otra, evaluar la posibilidad de que ningún banco se presente a la licitación, generando una situación aún más dramática para la salud de la que tenemos hoy", dijo.
Por último, el concejal Alejandro Aguilera (CS) planteó en la previa a la votación que "podrían explorarse en paralelo otras opciones, como cortar contratos grandes, contratos de carácter lesivos para la comuna, como por ejemplo aseo, de manera de operar con camiones municipales y aumentar dichas flotas o también considerar soluciones mixtas".
Cabe hacer presente que el leaseback es un crédito con intereses muy altos. De hecho, entre los escenarios que planteaba la administración Ripamonti era que se terminará pagando entre $4.000 y $7.000 millones en intereses. Finalmente, "por la opción que se va a tomar –que es el escenario que ellos mismos dicen que les conviene– vamos a terminar pagando en 10 años $5.910 millones, lo que al dólar de hoy son US$ 6,5 millones solamente en intereses, si es que el CAE que ellos estiman, porque no lo tienen claro, es efectivamente el que dicen, que es 5,5", dijo Martínez.
Por último, Lues comentó que "es complejo para cualquier administración disponer de su patrimonio y asumir una deuda millonaria por 10 años que luego deberán soportar las siguientes administraciones. Se debe ser muy responsable y cuidadoso".
PURANOTICIA
