Además de la pena de presidio efectivo, el imputado fue inhabilitado en perpetuidad para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama (TOP) condenó al exfuncionario de Gendarmería, Luis Francisco Culún Maldonado a la pena de 7 años de cárcel por el delito de cohecho reiterado y a 600 días por microtráfico de drogas.
Además de la pena de presidio efectivo, el imputado fue inhabilitado en perpetuidad para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.
A eso, se le impuso un pago de una multa de $2.320.000, correspondiente al doble del dinero solicitado en calidad de autor del delito reiterado de cohecho.
La investigación constató que entre febrero y mayo de 2022, el gendarme coordinó con un grupo de internos el ingreso de teléfonos celulares y cajetillas de cigarrillos con sustancias ilícitas al Centro de Detención Preventiva de Calama, a cambio de un beneficio económico consistente en el pago de $180.000 en dinero en efectivo.
Culún fue sorprendido ingresando al recinto penitenciario cuando fue controlado por personal de seguridad, ante lo cual de forma voluntaria hizo entrega de las especies que mantenía en su poder al interior de la mochila, esto es, un teléfono celular marca Samsung, color negro, con 2 chips.
Además, portaba $180.000 y tres cajetillas de cigarrillos marca Pall Mall, que en su interior contenían un total de 88 gramos de marihuana, 109 comprimidos de clonazepam y 103 gramos de pasta base de cocaína.
En la misma causa, tres personas que al momento de los hechos eran internos del centro penitenciario, fueron hallados culpables del delito de soborno por los pagos que realizaron al ahora exfuncionario, recibiendo penas de 4 años y un mes, 600 días y 100 días de presidio, respectivamente.
Durante el juicio, el fiscal de Calama, Claudio Rojas, explicó que en virtud de una investigación conjunta desarrollada con Gendarmería y OS-7 de Carabineros, se pudo establecer que el entonces gendarme Luis Francisco Culún Maldonado, participaba en la internación de sustancias ilícitas y celulares al penal, a cambio de sumas de dinero previamente convenidas con los reclusos.
“El modus operandi consistía en que los internos tomaban contacto con este gendarme para la internación de distintos elementos prohibidos y una vez convenido el pago, que estaba previamente establecido, se pedía a un tercero, generalmente un conductor de inDrive, que hiciera la recolección de los elementos prohibidos y los entregara al funcionario, quien hacía ingreso de estos al penal”, dijo el persecutor.
Para completar la entrega de los elementos a sus destinatarios, los imputados simulaban algún altercado que ameritase el ingreso del personal de guardia al patio de los internos y de esa manera lograr que el condenado tuviera contacto directo con ellos.
“En otros casos se recurría como intermediarios a internos que habían estado en la Enfermería, o bien se tapaban las cañerías de agua de los módulos para generar una inundación de manera tal que el funcionario tuviera que concurrir a verificar esas circunstancias y en ese contexto realizar la entrega”, apuntó.
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