Administración del entonces alcalde José Sabat traspasó $1.500 millones a la Corporación Municipal de Villa Alemana para construir dos Cesfam y un centro odontológico, detectando la Contraloría General de la República una serie de irregularidades en este proceso.
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Destituciones, un traslado y un sumario administrativo. Estas fueron algunas de las acciones iniciadas tras un lapidario informe de la Contraloría General de la República, tras una investigación desarrollada desde el 2020 en la Municipalidad de Villa Alemana.
Y es que en la indagatoria se determinó que se cometieron diversas irregularidades en la construcción de dos Centros de Salud Familiar (Cesfam) y un centro odontológico, proyectos para los cuales la casa edilicia que administraba por entonces el alcalde José Sabat traspasó $1.500 millones a la Corporación Municipal de Villa Alemana.
Contraloría percibió la inexistencia de antecedentes para calcular el valor de las obras y el consiguiente aporte municipal. Además se hicieron ajustes en los contratos, sin justificación, pagos realizados sin los requisitos estipulados y otras partidas de presupuesto que no fueron aprobadas por la Corporación Municipal.
La investigación verificó también que sólo se ejecutaron los dos Cesfam, sin que se haya aprobado la correspondiente modificación que dé cuenta de la eliminación del centro dental. Además, uno de los Cesfam fue destinado a ser un Cecosf, vale decir, un centro de salud de categorización menor, con un menor número de atenciones.
A raíz de todo esto, el Concejo Municipal de Villa Alemana decidió derivar los antecedentes al Ministerio Público para que investigue lo ocurrido.
De forma paralela, se desvinculó a personas en el área de Control y Finanzas.
También se dispuso el traslado de una trabajadora, se efectuó una demanda contra las constructoras y un sumario contra funcionarios de la Atención Primaria de Salud por su eventual responsabilidad administrativa en los hechos.
Al respecto, la alcaldesa Javiera Toledo manifestó que "tenemos un informe de Contraloría que detecta irregularidades de alta complejidad y, con ello, no hemos querido levantar polémicas ni realizar puntos políticos, sino que verlo con altura de mira y lograr acuerdos transversales dentro del Concejo Municipal, como por ejemplo el poder presentar estos antecedentes al Ministerio Público, a fin de que se puedan perseguir las eventuales responsabilidades civiles o penales".
Además, planteó que "lo que ha ocurrido en el Concejo Municipal, con acuerdos unánimes de todos los sectores políticos, es el resultado de una gestión responsable, con la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. Acá hay una sola voz que ha emanado desde el Concejo anterior, el Concejo en ejercicio y el directorio en pleno de la Corporación Municipal: cuando se juega con la confianza y la fe pública, se atenta directamente contra la democracia. Por eso la importancia de esta condena transversal hacia los hechos que constata la Contraloría".
Por su parte, el concejal Marcelo Góngora comentó que "la administración anterior, desde la Alcaldía, el secretario general de la Corporación y otros funcionarios de importante responsabilidad, van a tener que responder, ya sea civil o penalmente por sus decisiones y por sus actos".
En tanto, la concejala Edith Alvear sostuvo que "cuando nos entregan estos informes , siempre es lamentable para la comunidad saber que hay faltas administrativas en la administración anterior y que nosotros estamos disponibles para enmendarlas, en el acuerdo del uso de estos recursos que, lamentablemente, no se cumplieron".
Luego, el concejal Marcelo Valderrama, quien fue parte del Concejo Municipal durante la administración anterior, afirmó que “estoy de acuerdo en que esto se pueda llevar a las otras instancias porque, en el fondo, el manejo de recursos públicos implica responsabilidad de los actores, tanto administrativos como políticos, sobre todo pensando que son fondos que nos pertenecen a todos los villalemaninos".
Finalmente, la ex concejala y presidenta de la Comisión de Salud, Carolina Pfaff, indicó que "estoy totalmente de acuerdo. Por mucho menos se llevaron cosas al Ministerio Público. Siento que hay responsabilidades administrativas por parte de funcionarios que no cumplieron con sus obligaciones de fiscalizar debidamente".
PURANOTICIA
