Contraloría le ordenó al Municipio invalidar la licitación y el contrato adjudicado por casi $2.000 millones a la empresa Servimar Ltda., en detrimento de una oferta más beneficiosa para Collipulli, la que le significaba ahorro de dinero y los dotaba de camiones más modernos.
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Lo que en un primer momento era una encrucijada para el alcalde de Collipulli, el RN Manuel Macaya Ramírez, pues debía decidir si cumplir con lo ordenado o presentar apelaciones; con el paso de los meses su decisión se transformó en desacato, pues ya agotó todas las instancias habidas y por haber. Esto, debido a que la máxima autoridad no ha dado cumplimiento a un pronunciamiento de abril de la Contraloría Regional de La Araucanía, que le ordenó –a través de un contundente informe– iniciar un proceso de invalidación de la licitación de recolección de residuos sólidos en la comuna.
Dicha resolución del ente que fiscaliza a los órganos del Estado establece que la casa edilicia debe invalidar la licitación denominada «Servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios», la cual fue adjudicada por casi $2.000 millones a la empresa Servimar Ltda., en detrimento de una oferta más beneficiosa para Collipulli, que no sólo le significaba ahorro de dinero, sino que además los dotaba de camiones más nuevos y modernos.
Frente a este pronunciamiento de la Contraloría, el alcalde Manuel Macaya, a través de la unidad jurídica del Municipio, decidió presentar un recurso de protección y una orden de no innovar ante la Corte de Apelaciones, el cual fue acogido en primera instancia para conocer en detalle los antecedentes. No obstante, meses después el tribunal de alzada estimó que lo dicho por Contraloría no fue ilegal ni arbitrario.
Tras este revés, el jefe comunal afirmó que "llegaría hasta las últimas instancias" y acudió hasta la Corte Suprema, buscando revertir el pronunciamiento de la Contraloría Regional de La Araucanía y la posterior confirmación de la Corte de Apelaciones de Temuco. Sin embargo, el 15 de diciembre de 2022, el máximo tribunal ratificó el fallo del tribunal de alzada y rechazó el recurso de protección presentado por el Municipio de Collipulli, motivo por el cual a Manuel Macaya ya no le queda otra opción que invalidar la licitación y el contrato de recolección de residuos de la comuna.
En virtud de este fallo, el jefe comunal deberá iniciar un procedimiento administrativo para invalidar la adjudicación y contratación, además de acatar lo señalado por la Contraloría en orden a que el Municipio de Collipulli "deberá ponderar, por sobre las eventuales situaciones jurídicas consolidadas del contrato (...) los intereses de la administración" y no los de la empresa contratada, cuya argumentación y defensa no le corresponde asumir al Municipio.
Puranoticia.cl se comunicó con el alcalde de Renovación Nacional (RN), con el objetivo de conocer de primera fuente qué decisión adoptará en torno a este largo proceso y del cual dijo escuetamente que "eso está todo en manos del Jurídico, así que te puedo enviar el teléfono del Director porque está todo en manos de él". Pasados los minutos, las horas y los días, no tan sólo no volvió a responder los llamados de este medio, sino que tampoco lo hizo con los mensajes en los que se le solicitó el prometido número telefónico del abogado municipal.
Como aún no hay un pronunciamiento por parte del Municipio ni tampoco se les ha comunicado la decisión al Concejo Municipal, todo parece indicar que el alcalde Manuel Macaya estaría cometiendo desacato respecto a lo pronunciado por la Contraloría. Cabe hacer presente que según la Real Academia Española (RAE) de la lengua, «desacato» significa no acatar una norma, ley u orden.
En la interna del Municipio también dicen desconocer la decisión que adoptará Macaya en torno a la orden de invalidar la licitación y el contrato adjudicado a Servimar, tal como lo dio a conocer la concejala Jacqueline Ponce (PC), quien en diálogo con Puranoticia.cl sostuvo que "desconocemos si el Alcalde acató lo que dictaminó la Contraloría, y que fue confirmado por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema".
La edil comunista explicó que la situación le preocupa particularmente por dos razones: "Desconocemos si la empresa que resultó segunda en la licitación (Cosemar) va a demandar por concepto de lucro cesante, porque si lo hace estamos hablando de una demanda civil que fácilmente supera los $2 mil millones, lo que sería un catastrófico legado de la administración de Macaya".
Y, en segundo lugar, planteó que "en el Municipio ya hay dos investigaciones en Fiscalía por casos de corrupción municipal. De hecho, una de ellas involucra adulteración y mal uso de un acta de evaluación, con la cual se adjudicó una millonaria licitación de servicios de guardias. Algo está pasando con las licitaciones en el Municipio y nosotros, como concejales, no hemos tenido respuesta clara del Alcalde, sólo evasivas".
Con el propósito de ahondar más en los motivos que tendría la autoridad para no acatar lo dicho por la entidad de control, Puranoticia.cl conversó con la concejala Juliana Bustos (PS), quien reveló que hace algunos días preguntó por el tema a la Dirección de Obras y que le dijeron que la documentación de Contraloría "estaba mala, que no estaba bien". Tras reparar en esto, la edil afirmó que "no sé si van a tomar en conciencia esto porque ahí dice que si el Alcalde no cumple la sanción, puede ser más dura".
En ese sentido, comentó que ella no tiene comunicación con el alcalde Macaya porque "es muy hostil nuestra presencia en la Municipalidad, él es hostil no sólo conmigo, sino que con las otras concejales". Bajo este contexto, la edil socialista desclasificó que "hace un par de concejos atrás, yo hice una pregunta y él dijo que no le tenía miedo a la Contraloría. Eso está grabado y escrito en una de las sesiones anteriores. Entonces él actúa muy desafiante ante todo".
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Consultada por los motivos que tendría el Alcalde para manifestar esto, la concejala Bustos dijo que "no lo sabemos porque no estamos al lado de él y no sabemos sus decisiones", agregando que "del tiempo que llevo trabajando como Concejala, ya uno logra conocer un poco a las personas y él es muy llevado a su idea, yo le puse "niño mimado" porque actúa igual a uno".
Al eventual desacato a la orden de Contraloría y a la actitud del jefe comunal con los concejales, se suman otros hechos que a juicio de las ediles consultadas por este medio serían irregulares. Se trata de dos polémicas licitaciones: una relacionada a guardias de seguridad y otra por la compra con sobreprecio de unos desfibriladores. Este conjunto de hechos, sumados a otros que ya han sido denunciados a la entidad de control, tienen en evaluación la presentación de una acusación por notable abandono de deberes.
Así lo dio a conocer la concejala Carolina Valenzuela (PS), quien adelantó que "estamos viendo la posibilidad de hacer una presentación ante el Tribunal Electoral Regional (TER) por notable abandono de deberes, porque en lo que está incurriendo es una falta, porque la Contraloría ya se pronunció; apeló a la Corte de Apelaciones; ahora la Corte Suprema también hizo un fallo. Entonces, si está haciendo este desacato, nuestra función es fiscalizarlo y resguardar los recursos de la comuna. No podemos permitir que siga jugando con los recursos públicos".
La acusación ante el TER sería presentada por Carolina Valenzuela, Jacqueline Ponce y Juliana Bustos. Justamente esta última señaló que "estamos unidas y estamos viendo hacia el mismo horizonte y en concordancia para seguir más adelante". Mientras que Bustos manifestó que se suma ya que "hay falta y ya está comprobada por la Contraloría y luego ratificada por la Corte Suprema. Es una falta gravísima".
Respecto al estado en el que se encuentra esta eventual presentación, la edil Valenzuela explicó que "tenemos otras cosas que queremos adjuntar y estamos esperando respuestas, porque no es solamente esto... esta es solamente una licitación, gracias a la denuncia que hizo la misma empresa que tuvo el percance (Cosemar), pero hay otras dos licitaciones que tenemos pendientes".
Finalmente, acerca de la licitación por los guardias de seguridad, dijo que "está bastante avanzada" y que incluso "tiene connotación de un acto doloso"; mientras que del eventual sobreprecio por los desfibriladores indicó que "estamos esperando que nos envíen el informe, para acuerdo de Concejo".
PURANOTICIA
