La entidad encargada de fiscalizar a los órganos del Estado reveló detalles de un informe que da cuenta de los procedimientos efectuados por la Municipalidad de Valparaíso en el marco del contrato para el espectáculo de fuegos artificiales del año pasado en la comuna.
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El papelón que vivió la Municipalidad de Valparaíso durante el año pasado a raíz del fallido show de fuegos artificiales de Año Nuevo en el Mar 2023 sigue causándole dolores de cabeza a la administración del suspendido por 30 días alcalde Jorge Sharp.
Tal como lo reveló Puranoticia.cl días antes que estallara el tema, a mediados de diciembre de 2022, faltaban exactos dos días para el inicio del esperado espectáculo con el que se le daría la bienvenida al 2023 cuando la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) confirmó que la pirotecnia no daba las garantías de seguridad.
Todo se debió a que el cargamento que contenía los fuegos artificiales se encontraba vencido, según lo establece la normativa legal chilena; razón por la que a última hora se hicieron los intentos para fiscalizarlos y probarlos para ver si se podían utilizar, estableciéndose que efectivamente no estaban aptos para ser ejecutados el 1 de enero.
Esto ocasionó que el show sencillamente fuera cancelado 48 horas antes de su realización, dejando en el suelo reservas hoteleras, productos comprados para vender aquellos días y a cientos de miles de personas que pretendían viajar a la Ciudad Puerto para presenciar uno de los eventos más esperados y connotados de la comuna.
En base a este verdadero descalabro de fin de año, se presentaron cuatro denuncias ante la Contraloría Regional de Valparaíso: una de un vecino, dos del diputado Andrés Celis (RN) y otras dos del concejal Dante Iturrieta (UDI), quienes acusaron eventuales irregularidades en las adquisiciones de bienes y servicios asociadas al desarrollo del espectáculo de Año Nuevo en el Mar 2023 en Valparaíso.
Así es como el órgano fiscalizador efectuó una auditoría y un examen de cuentas a los desembolsos realizados por la Municipalidad de Valparaíso para el desarrollo del show, realizados entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de marzo de 2023, determinando una serie de irregularidades cometidas por la casa edilicia que administra Jorge Sharp.
La primera observación de Contraloría dice relación con el servicio de traslado de material pirotécnico, contratado vía trato directo con Sociedad Comercial y Construcción SpA, por casi $14 millones ($13.923.000), donde se pudo advertir la falta de respaldos suficientes que acrediten el cumplimiento de lo convenido, situación que transgrede el artículo 55 de la ley N° 1.263 y los artículos 2°, letra c), y 10 de la resolución N°30.
Atendido que la Municipalidad de Valparaíso no exigió al proveedor llevar un registro de las funciones desempeñadas diariamente, al no considerarse en los términos de referencia, se le ordenó a la casa edilicia arbitrar las medidas para que en los futuros acuerdos suscritos exijan la documentación que permita sustentar la totalidad de las labores convenidas con el contratista.
Luego, se estableció que no estaba debidamente acreditado el pago de $17 millones por el servicio de guardias, contratado a lcaro Seguridad Ltda., toda vez que ese espectáculo no se efectuó. Es así como no consta la prestación del servicio, según las condiciones requeridas en los términos de referencia.
Si bien, el Municipio porteño argumenta que los servicios se prestaron en el show de luces en el muelle Barón, paseo Yugoslavo y Av. Alemania, realizado previamente; dicha afirmación no se acredita con antecedentes de respaldo.
Por todo ello, la Contraloría le ordenó a la Municipalidad de Valparaíso que deberá proporcionar los antecedentes que evidencien el cumplimiento de los servicios prestados en el plazo de 30 días hábiles. De lo contrario, el ente fiscalizador formulará un reparo en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 116 de esa misma norma.
Acerca del trato directo por el arriendo de proyectores para los eventos de los días 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2022, por más de 14 millones de pesos ($14.518.000), se advirtió falta de acreditación de la cantidad y características de los proyectores utilizados, así como falta de certificados de antecedentes laborales y previsionales de dos técnicos especializados en montaje. En ese sentido, Contraloría le pidió al Municipio que remita los antecedentes que acrediten lo planteado en su respectiva respuesta.
Acerca del servicio de arriendo de mobiliario contratado con el proveedor René Urrutia Coronado, se comprobó que los presupuestos aceptados y pagados presentaron diferentes valores unitarios, en similares ítems de arriendo, lo cual significó un pago adicional de casi 6 millones de pesos ($5.650.000).
Por este hecho se le ordenó al Municipio que debe adoptar las medidas para que las compras que se realicen lo hagan resguardado el uso de los recursos municipales. La autodenominada «Alcaldía Ciudadana» también deberá instruir un proceso disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en tales hechos.
Además, Contraloría determinó una falta de capacitación al personal a cargo de la fiscalización de fuegos artificiales, por lo que la casa edilicia deberá exhibir los antecedentes que sustenten sus respuestas entregadas.
Otro de los hechos detectados por Contraloría dice relación con una omisión en las bases técnicas respecto a especificar la documentación que debía presentar el contratista para acreditar su certificación en materias de manipulación de explosivos.
Además, el Municipio de Valparaíso no advirtió que las certificaciones presentadas en la oferta por el proveedor se encontraban próximas a vencer y en proceso de renovación, en el marco de la propuesta de espectáculo pirotécnico 2022, 2023 y 2024.
Esto, según estableció el órgano de control, "vulnera lo establecido en el Manual de procedimiento de adquisiciones de la Municipalidad de Valparaíso, donde se establece que la Secretaría de Planificación Municipal (Secpla) revisará que las ofertas hayan adjuntado los antecedentes técnicos que se hubieren requerido en las especificaciones técnicas y/o bases administrativas".
Por este hecho, la administración del alcalde Sharp deberá establecer las medidas de control para verificar que las bases de las propuestas individualicen y exijan las certificaciones que correspondan, asegurando que el contratista y su personal cumpla con la normativa vigente, situación que deberá serles informada.
De igual forma, se comprobó una falta de control y supervisión de los servicios contratados, además de debilidades en la ejecución de la licitación de los shows pirotécnicos de 2022, 2023 y 2024, toda vez que se constató que la empresa Pirotecnia SpA tenía suspensión de funcionamiento y operación, al igual que una imposibilidad de utilizar elementos pirotécnicos sujetos a destrucción. Esto conllevó la no realización del espectáculo del año pasado, situación que no fue advertida por el Municipio con la oportunidad requerida.
La entidad fiscalizadora estableció que esto no se aviene con lo dispuesto en inciso final del numeral 23 de las bases administrativas, el cual señala que la unidad técnica podría en cualquier momento, fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones del contratante, y requerir todos los antecedentes y documentos que estime pertinentes.
Por este motivo, se le ordenó a la casa edilicia implementar los mecanismos de control que le permitan fortalecer la revisión del servicio prestado y asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas con sus proveedores en el marco de las contrataciones celebradas y en resguardo de los intereses municipales.
Contraloría también señala en su informe que la Municipalidad de Valparaíso resolvió el término anticipado del contrato con la unión de Piromax Ex SpA y Pirotecnia SpA, para la ejecución del contrato del espectáculo de fuegos de artificio, estableciendo la incapacidad técnica para ejecutar los trabajos y el incumplimiento grave de las obligaciones asumidas por el contratista.
Por ello, se hizo efectivo el cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, cuyo ingreso a las arcas municipales porteñas se materializó el día 31 de julio del presente año, sin que se formularan observaciones al respeto.
También se constató que la Municipalidad de Valparaíso aplicó multas a la unión temporal de ambas empresas, por 77 millones de pesos ($77.128.783), equivalente al 20% del monto total anual del contrato, por incumplimientos graves en el contrato, situación que se encuentra judicializada en el 3° Juzgado Civil de Valparaíso.
Por ello, se instruyó a la «Alcaldía Ciudadana» que debía informar a Contraloría acerca del estado de cobro de la multa y las diligencias efectuadas, dando cuenta que a más de un año de este fracasado show de Año Nuevo en el Mar, los dolores de cabeza siguen.
PURANOTICIA
