Nuevo golpe a Poduje: Entidad patrocinante Uno a Uno niega vínculos con reconstrucción de El Olivar y responde a graves acusaciones

Tras los cuestionamientos surgidos en torno al proceso de reconstrucción posterior al megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar, distintos antecedentes administrativos, jurídicos y denuncias internas han puesto bajo revisión el funcionamiento de entidades patrocinantes vinculadas a proyectos habitacionales. En ese contexto, el caso ha abierto un debate sobre eventuales conflictos de interés, vínculos entre funcionarios y exfuncionarios, y la gestión de empresas privadas en la ejecución de soluciones habitacionales para damnificados.

Los eventuales conflictos de interés que aparecen en los antecedentes proporcionados por Radio Biobío apuntan a situaciones donde existirían cruces entre relaciones personales y funciones dentro del mismo ecosistema institucional encargado de la reconstrucción. En concreto, se mencionan presuntos vínculos familiares entre una funcionaria del Serviu Valparaíso y una persona asociada a la entidad patrocinante Social Arquitectura que participa en la gestión de proyectos, lo que podría generar dudas sobre la imparcialidad en la revisión o tramitación de iniciativas.

De igual forma, también aparece mencionada la entidad patrocinante Uno a Uno SpA debido a la revisión de una cesión de derechos de proyectos habitacionales provenientes de Social Arquitectura y por la evaluación de eventuales conflictos de interés vinculados a personas relacionadas con la empresa. No obstante, la firma sostiene que nunca ha participado en proyectos asociados a la reconstrucción de El Olivar ni ha ejecutado obras en dicho sector ubicado en la parte alta de la Ciudad Jardín.

Su representante, Soledad Monsalve, señaló que “lamentamos profundamente las declaraciones malintencionadas en que se ha visto involucrada la entidad patrocinante Uno a Uno”, agregando que “estas no corresponden a la realidad”. Además, afirmó que “jamás hemos trabajado en proyectos en el sector de El Olivar, por lo cual estas versiones sólo tienen la intención de enlodar nuestra imagen”, junto con recalcar que “reafirmamos nuestro trabajo con los comités de vivienda y comunidades, siempre desde una óptica de transparencia, probidad y apegados a la legalidad exigida”.

Estas palabras fueron reforzadas a través de una declaración escrita, donde la empresa recalca que “desde nuestra autorización y hasta la fecha, no hemos participado en proyectos vinculados al proceso de reconstrucción del sector El Olivar de la comuna de Viña del Mar, no hemos ejecutado obras en dicho sector, no hemos sido adjudicatarios de iniciativas asociadas a dicho proceso y no hemos recibido recursos públicos del Minvu relacionados con tales proyectos”.

La entidad añadió que todas sus operaciones se han desarrollado “con estricto apego a la normativa vigente y sujetas a los mecanismos de control y fiscalización de los organismos competentes”, y aseguró contar con “un equipo de profesionales con reconocida experiencia en vivienda, planificación territorial, gestión pública, desarrollo urbano y administración de proyectos”. En esa línea, afirmó que promueven “una cultura organizacional basada en la ética, la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento normativo”, y que mantienen disposición permanente de colaborar.

Además, la firma lamentó “la difusión de antecedentes erróneos o carentes de sustento verificable”, advirtiendo que su divulgación “puede afectar injustificadamente la confianza pública y la reputación institucional”. De igual forma, desde Uno a Uno SpA indicaron en esta declaración por escrito que se reservan el derecho de ejercer acciones legales ante eventuales imputaciones que afecten su honra o credibilidad.

DEFIENDEN A FUNCIONARIA

En paralelo, la Asociación de Funcionarios del Serviu de la región de Valparaíso expresó su preocupación por la exposición pública de una funcionaria en medio del caso, manifestando “su profunda preocupación por los antecedentes difundidos respecto de una funcionaria de nuestro servicio”. El gremio advirtió que estos antecedentes han generado “una exposición pública que consideramos injusta y carente del contexto necesario para comprender adecuadamente los procesos involucrados”.

Asimismo, sostuvieron que la reconstrucción ha sido un proceso complejo y que “dicho proceso involucró la atención y revisión de antecedentes de miles de familias afectadas, la participación de múltiples equipos técnicos y administrativos, cientos de proyectos habitacionales y diversas instancias de validación y control institucional”. Por ello, rechazaron que se atribuyan responsabilidades individuales sin considerar la cadena completa de revisión administrativa.

El gremio también cuestionó en su declaración el tratamiento público de los antecedentes, señalando que “pretender atribuir a una sola funcionaria decisiones que forman parte de una cadena administrativa extensa demuestra un profundo desconocimiento de los procedimientos aplicados”. Además, advirtió que se están instalando dudas “sobre la base de antecedentes incompletos”, lo que afecta tanto a las personas involucradas como a la confianza en las instituciones.

Finalmente, la asociación reafirmó su respaldo a la investigación de los hechos por las vías formales, señalando que “quien estime que existen irregularidades cuenta con mecanismos como la Contraloría General de la República”. También rechazó la exposición de antecedentes personales y familiares, indicando que “detrás de cada nombre mencionado públicamente existen personas, familias, hijos e hijas que sufren las consecuencias de acusaciones no establecidas por ninguna autoridad competente”, y expresó su apoyo a la funcionaria y su entorno.

En conclusión, mientras las indagatorias administrativas continúan, el debate se centra en la probidad, los eventuales conflictos de interés y el impacto de la exposición pública de antecedentes aún no resueltos por las autoridades competentes, en un proceso de reconstrucción que sigue siendo clave para cientos de familias damnificadas.

PURANOTICIA