Minvu solicita querella al CDE por presuntas irregularidades en reconstrucción de El Olivar y empresa acusa "amedrentamiento" de Poduje

Tras realizar investigaciones administrativas y técnicas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) la interposición de una querella criminal en representación del Fisco de Chile, por irregularidades detectadas en la ejecución del programa de reconstrucción derivado del megaincendio de febrero de 2024 en la población El Olivar, en la parte alta de Viña del Mar, ejecutado por la entidad patrocinante Social Arquitectura y la constructora San Sebastián.

De esta forma, el Minvu solicitó formalmente al CDE que analice los antecedentes e interponga una querella criminal en contra de las entidades patrocinantes Social Arquitectura y Uno a Uno SpA, por falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento falso, fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias, estafa, amenazas y cuasidelitos por riesgo a la seguridad estructural, entre otros.

La investigación ministerial habría identificado la supuesta utilización indebida de la función pública para favorecer a entidades patrocinantes privadas. Una de ellas –según la cartera– mediante la intervención de un exdirector de Serviu Valparaíso, quien suscribió el 19 de julio de 2024 un certificado de experiencia técnica que acreditaba 1.006 beneficiarios de la EP Social Arquitectura Ltda., distribuidos en 14 proyectos.

Los antecedentes determinaron que ninguno de esos proyectos cumplía la exigencia reglamentaria de estar concluido y aprobado a esa fecha; varios registraban 0% de avance. Dicho certificado habría permitido a la entidad obtener fraudulentamente un aumento de categoría en el Registro Regional de Asistencia Técnica (CRAT), accediendo sin la experiencia real requerida a proyectos de alta complejidad valorados en 709.143,09 UF. Además, el exdirector habría acompañado a Social Arquitectura y a la Constructora San Sebastián en reuniones de adjudicación de proyectos habitacionales.

Asimismo, se verificó que en la plataforma de Asistencia Social de Serviu, una funcionaria habría revisado y aprobado módulos sociales de proyectos de la EP Social Arquitectura, omitiendo el deber de declarar la relación familiar con el socio y administrador de dicha EP.

Otro de los hallazgos de la investigación determinó que una segunda Entidad Patrocinante, EP Uno a Uno SpA, habría suscrito Convenios Regionales de Asistencia Técnica (CRAT),-esenciales para la ejecución de proyectos urbanos y habitacionales- con el Minvu, omitiendo dos inhabilidades: vínculo matrimonial con funcionaria del Serviu Valparaíso y desempeño previo como funcionaria en el Minvu. La entidad intentó además recibir en cesión los proyectos de la EP Social Arquitectura.

SUMARIOS Y AUDITORÍA

A raíz de estas irregularidades, el pasado 17 de junio de 2026, el Ministerio de Vivienda instruyó dos sumarios administrativos, a fin de establecer las eventuales responsabilidades de los funcionarios vinculados a los hechos investigados.

Asimismo, como medida de alcance nacional, la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo instruyó el inicio de un proceso de auditoría interna sobre la totalidad de los Convenios Regionales de Asistencia Técnica (CRAT) vigentes en todas las regiones del país. La medida responde a los hallazgos del caso El Olivar y a la detección de patrones de irregularidad que podrían replicarse en otras regiones.

ÁMBITOS DE LA AUDITORÍA

• Veracidad y completitud de las declaraciones juradas contenidas en los convenios CRAT vigentes.
• Intervención de funcionarios públicos en procedimientos vinculados a entidades patrocinantes, a fin de identificar conflictos de interés e infracciones al deber de abstención.
• Cesiones, traspasos y modificaciones de cartera de proyectos, verificando la existencia de autorización previa en cada caso.
• Estado técnico de los proyectos en ejecución, en coordinación con DITEC, para determinar la necesidad de inspecciones adicionales.
• Situación de entidades patrocinantes suspendidas o con convenios terminados, a fin de asegurar que no continúen operando bajo otras formas o mediante traspasos informales.
• Cualquier otra irregularidad detectada en el desarrollo de las actividades relativas a los CRAT.

ANTECEDENTES PREVIOS

El 26 de marzo de 2026, mediante el Oficio N° 251, el Minvu presentó una denuncia criminal ante la Fiscalía Regional de Valparaíso contra la Constructora San Sebastián y la EP Social Arquitectura Ltda., tras verificar las siguientes irregularidades en la ejecución de las viviendas:

• Uso del sistema constructivo "Fast Work" en configuración no autorizada —viviendas de dos pisos en cuatripareo—, pese a estar aprobado únicamente para viviendas de un piso aisladas.
• Graves deficiencias estructurales: discontinuidades en elementos resistentes у ausencia de configuración de marco rígido, con riesgo sísmorresistente, según informes DITEC e IDIEM.
• Incumplimiento de normas de protección contra incendio y aislación acústica de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
• Modificación unilateral de materiales comprometidos en planos y propuestas origi-nales, sin consentimiento de las familias beneficiarias.
• Amenazas a familias que intentaron cambiar de entidad patrocinante, advirtiéndoles cobros de $1.200.000 descontados del subsidio habitacional.
• Participación del ex Director de SERVIU Valparaíso en reuniones de adjudicación junto a las empresas denunciadas.

Luego el 13 de mayo, la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso complementó la denuncia original al verificar que la EP Social Arquitectura habría obtenido fraudulentamente un aumento de categoría en el Registro Regional de Asistencia Técnica (CRAT) mediante un certificado de experiencia suscrito el 19 de julio de 2024 por el entonces Director de Serviu Valparaíso.

Finalmente, frente a los recursos de protección interpuestos en contra de las medidas adoptadas por el Ministerio —entre ellas, la paralización y demolición de las obras con deficiencias—, la cartera de Iván Poduje asegura que "la Corte de Apelaciones de Valparaíso no ha revertido las actuaciones del Ministerio a la fecha de emisión de esta nota. En consecuencia, las acciones institucionales en curso no han sido suspendidas por resolución judicial".

ACUSAN "AMEDRENTAMIENTO"

Desde la entidad patrocinante Social Arquitectura, su abogada, Erika Maira, señaló a Radio Biobío que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, está usando el "amedrentamiento comunicacional" y el aparato del Estado para "justificar sus decisiones ilegales por las cuales ya está querellado ante la justicia”.

De igual forma, afirmó que se está en presencia de una "maniobra comunicacional” para desviar la atención respecto de la acción legal presentada en su contra.

PURANOTICIA