En septiembre de 2022, tras la suspensión de su licencia de conducir, la parlamentaria contactó a Francisco Riquelme para facilitar una conversación con el juez de Policía Local, lo que fue registrado en mensajes luego incorporados al expediente.
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En el marco de la investigación que lidera el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, contra la diputada Karol Cariola (PC) por presuntos vínculos con empresarios chinos, surgieron nuevos antecedentes que motivaron la apertura de una causa penal paralela en Valparaíso. Esta fue remitida a la Unidad Regional Anticorrupción.
Según Emol, la nueva causa se originó tras la revisión del celular de la parlamentaria, donde se identificaron gestiones personales que habría solicitado al exalcalde de Casablanca, Francisco Riquelme (FA), actual director regional del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) en Tarapacá.
En septiembre de 2022, tras la suspensión de su licencia de conducir, Cariola lo contactó para facilitar una conversación con el juez de Policía Local, lo que fue registrado en mensajes luego incorporados al expediente.
La situación recuerda un episodio previo en el que la diputada pidió apoyo al entonces alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, por dos infracciones de tránsito.
El fiscal Cooper encargó diligencias a la PDI, entre ellas, tomar declaración a Riquelme y a la Secretaria del Juzgado, Patricia Cuadros, y recabar antecedentes sobre la infracción.
El 10 de junio, se remitió la carpeta investigativa a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. En ella se plantea que Cariola habría incurrido en un “modus operandi” al solicitar favores a autoridades municipales con fines personales o en beneficio de terceros.
La diputada reaccionó a los nuevos antecedentes filtrados de la causa donde se le vincula por tráfico de influencias.
Fue a través de una declaración pública que la parlamentaria manifestó que “en relación a las nuevas filtraciones ilegales de un proceso de investigación que está en curso, quiero declarar que resulta frustrante la incapacidad que existe en el Ministerio Público para que no se vulnere la reserva de un proceso de investigación, incumpliendo las garantías que la misma justicia ha decretado”.
“Recientemente la investigación que encabeza el fiscal Cooper sufrió una dura derrota en el 7º Juzgado de Garantía, cuando el juez determinó que en esta investigación no había antecedentes de los delitos que intentaron imputarme”, continúa.
“Coincidentemente, luego de esta resolución, ocurre una nueva filtración de antecedentes de la carpeta que maneja el fiscal Cooper”, indicó.
“Queda muy claro que estas filtraciones responden a medidas desesperadas para conseguir, mediante los medios de comunicación, lo que no están logrando acreditar en la justicia: filtran conversaciones fuera de contexto sin acreditar delitos”, explica.
“Sobre los puntos señalados, quiero ser enfática en decir que he pagado la totalidad de mis multas de tránsito cuando ha correspondido. A los dos alcaldes mencionados les consulté sobre los mecanismos de apelación de la multa, que cualquier persona puede realizar ante el juez de policía local. No hay delito alguno ni gestión irregular”, justificó.
“Son muchas las mentiras que se han desplegado en esta investigación, como por ejemplo que me negué al levantamiento de mi secreto bancario, lo cual en ningún caso es cierto: fue el tribunal el que lo desestimó por no considerar existencia de delito. Yo me enteré de dicho procedimiento con posterioridad al veredicto del juez”, añadió.
“Lamento mucho tener que enfrentar esta evidente operación política para hacerme daño. Reitero mi total inocencia, la cual quedará demostrada en el curso de la presente investigación”, cerró la parlamentaria.
PURANOTICIA
