Escándalo del agua en Marga Marga llega a Fiscalía: Delegación Provincial denuncia fraude y graves delitos contra la salud pública

La crisis por el abastecimiento de agua en las zonas rurales de la provincia de Marga Marga dio un giro decisivo tras convertirse en una investigación de carácter penal. El delegado presidencial provincial, Gonzalo Azancot Rebolledo, acudió formalmente a la justicia para remitir todos los antecedentes al Fiscal Regional (S) y Fiscal Jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia Pinilla, con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades criminales derivadas de las irregularidades detectadas en la ejecución del programa de escasez hídrica.

La acción judicial surge como consecuencia de una compleja contingencia originada tras el término anticipado del contrato con la empresa Sociedad Constructora y Transportes M&M Limitada, encargada de distribuir agua mediante camiones aljibe en sectores rurales de la provincia.

La desvinculación de la empresa se produjo luego de constatarse que extraía agua desde puntos no autorizados y distribuía el recurso con niveles de cloro deficientes, situación que provocó un severo desajuste logístico en distintas localidades rurales de Olmué y Limache.

Este escenario generó preocupación en los municipios debido a la falta de una transición gradual entre operadores y a las demoras en la implementación de los nuevos proveedores. Sin embargo, las autoridades provinciales optaron por no postergar las medidas administrativas debido a la gravedad de los hallazgos sanitarios.

Tras concretar la entrega de las carpetas investigativas a la Fiscalía, el delegado Gonzalo Azancot fue enfático respecto a la magnitud de los antecedentes recopilados.

"Los antecedentes que presentamos son contundentes y ante la gravedad de ellos, es la fiscalía quien debe analizarlos en su mérito".

Asimismo, la autoridad provincial advirtió sobre el eventual perjuicio tanto para la comunidad como para el Estado, apuntando a posibles delitos asociados al uso irregular de recursos públicos y a la vulneración de la fe pública.

"Es necesaria una investigación profunda, caiga quien caiga, ya que no solo estamos hablando de una empresa que entregó -sin los debidos procesos de fiscalización y sostenidamente en el tiempo, agua que no cumplía las condiciones sanitarias para el consumo humano. Al mismo tiempo, existiría un uso indebido de los recursos públicos y una falta a la fe pública al distribuir agua sin ninguna certificación como si fuera potable".

Mientras avanza la investigación, la situación continúa afectando a las familias rurales que dependen en un 100% de este sistema de abastecimiento para acceder al agua potable.

Frente a este escenario, desde la Delegación Presidencial Provincial informaron que mantienen un despliegue permanente de fiscalización y seguimiento en terreno a las nuevas empresas operadoras, con el propósito de garantizar la continuidad y calidad del servicio desde el inicio de sus operaciones.

Respecto de las medidas de mitigación y el actual funcionamiento del programa, Azancot aseguró que el foco está puesto en garantizar tanto la cobertura como la seguridad sanitaria del suministro.

"Estamos desplegados con nuestros equipos para verificar que las rutas se cumplan y que todos los vecinos de Olmué y Limache -que son beneficiarios del programa-, reciban agua potable. El énfasis de la Delegación está puesto no solo en distribuir agua, sino que esta sea apta para el consumo humano. Es lo mínimo que los vecinos merecen y es algo por lo cual todas las autoridades debemos velar".

La autoridad reiteró que el principal objetivo es asegurar que el agua entregada a las comunidades rurales cumpla con los estándares sanitarios exigidos, resguardando así la salud de los vecinos y la correcta utilización de los recursos públicos.

PURANOTICIA