Duro traspié para Poduje: Tribunal de Valparaíso ordena peritaje técnico y suspende demolición de casas cuestionadas en El Olivar

La controversia por las viviendas reconstruidas en el sector El Olivar, en la parte alta de Viña del Mar, sumó un nuevo capítulo judicial luego que el Segundo Juzgado de Garantía de Valparaíso acogiera una solicitud presentada por la Constructora San Sebastián y detuviera las demoliciones impulsadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), ordenando de esta manera la realización de un peritaje técnico antes de continuar con este polémico proceso.

La resolución fue adoptada por el magistrado Luis García este 16 de junio, decretando como medida prejudicial probatoria la elaboración de un informe a cargo de una perito ingeniero o constructor civil, con el objetivo de evaluar el estado de las viviendas que se encuentran en el centro de la disputa en la Ciudad Jardín.

La decisión judicial surge en medio del proceso iniciado por el Minvu y el Serviu de Valparaíso, organismos que determinaron la demolición o desarme de un conjunto de viviendas levantadas por la Constructora San Sebastián en el marco de la reconstrucción tras el megaincendio que afectó en febrero de 2024 a la comuna.

Según lo definido por las autoridades, son cerca de 170 las viviendas involucradas en esta medida, incluyendo 56 cuatripareos con mayor nivel de avance, 84 cuatripareos que registraban un 44% de ejecución y 30 pareos simples con avances de entre 22% y 27%.

La cartera encabezada por el ministro Iván Poduje fundamentó la decisión en la detección de una serie de problemas estructurales que, a juicio de los organismos técnicos, hacían inviable la continuidad de las obras bajo las condiciones existentes. Sin embargo, la constructora cuestionó dicha determinación y recurrió a la justicia para solicitar la conservación de la evidencia técnica existente en las viviendas antes de que fueran demolidas.

La presentación fue realizada por el abogado Jaime Barrientos, representante de la empresa, quien argumentó que la destrucción de las edificaciones impediría acreditar posteriormente el correcto cumplimiento de los contratos suscritos para la ejecución de las obras.

En el escrito ingresado al tribunal, la defensa sostuvo que la demolición de los inmuebles generaría una pérdida irreversible de antecedentes materiales relevantes para un eventual juicio, afectando la posibilidad de demostrar las condiciones reales de construcción de las viviendas.

Asimismo, planteó que la desaparición de esas estructuras alteraría la discusión futura respecto de las responsabilidades asociadas a los supuestos defectos constructivos detectados por el Serviu.

En ese contexto, la empresa solicitó la adopción de medidas prejudiciales destinadas a resguardar la prueba, entre ellas una inspección de las obras y la designación de especialistas que pudieran emitir un informe técnico independiente sobre el estado de las viviendas.

Tras analizar los antecedentes, el Segundo Juzgado de Garantía de Valparaíso acogió parcialmente la petición y resolvió ordenar el peritaje solicitado, estableciendo que una profesional del área de la ingeniería o la construcción civil deberá evaluar los aspectos técnicos planteados por la constructora.

Frente a esta decisión judicial, Puranoticia.cl se contactó con Jaime Barrientos, abogado de la Constructora San Sebastián, quien señaló que "la reciente resolución dictada por el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso constituye un paso trascendental, ya que permitirá demostrar que Constructora San Sebastián ejecutó el proyecto en estricto cumplimiento de lo aprobado por el Serviu. Si existiera algún defecto en el diseño, la responsabilidad recae directamente en el Estado, toda vez que el propio Serviu emitió los certificados de calificación definitiva para los 12 contratos".

Por otra parte, manifestó que "es lamentable que el ministro Poduje haya actuado al margen de la ley, vulnerando el deber de abstención que le obligaba a no intervenir en un proceso sobre el cual ya había manifestado una postura crítica. Sus cuestionamientos al proyecto se remontan a su época como consultor de Atisba y a su actividad electoral, es decir, son muy anteriores a que asumiera el cargo, lo que evidencia una total falta de objetividad e imparcialidad".

De igual forma, planteó que "gracias a la resolución dictada esta semana, la discusión técnica saldrá del debate político y mediático: será un perito judicial e imparcial quien determine con base en los hechos si las obras se ajustaron fielmente al proyecto aprobado".

De esta manera, el avance de las demoliciones queda sujeto al desarrollo de esta diligencia, que busca preservar antecedentes considerados relevantes para esclarecer las diferencias existentes entre la empresa constructora y los organismos públicos involucrados en el proceso de reconstrucción de El Olivar.

PURANOTICIA