Diputada Gazmuri advierte posible motivación política tras decisiones de Poduje en El Olivar y no descarta una comisión investigadora

La diputada Ana María Gazmuri, integrante de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, profundizó en las razones que llevaron a la instancia parlamentaria a aprobar por unanimidad una visita inspectiva al sector El Olivar, en la parte alta de Viña del Mar, donde cerca de 350 familias damnificadas por el megaincendio de febrero de 2024 permanecen a la espera de una definición respecto de los proyectos habitacionales paralizados por decisión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

En conversación con Puranoticia.cl, la parlamentaria de oposición manifestó su preocupación por la insistencia del ministro de Vivienda, Iván Poduje, en impulsar la demolición de las viviendas construidas por la Constructora San Sebastián y advirtió que, a su juicio, hasta ahora no existirían antecedentes técnicos suficientes que justifiquen el adoptar una medida de esa magnitud.

Gazmuri sostuvo que “considerando que aquí tenemos una situación tan tremenda como fueron los incendios y todo el proceso de reconstrucción, con largos procesos donde las familias esperaban sus nuevas viviendas y participaron en diferentes proyectos, en este caso de El Olivar lo que hemos visto es que todas estas casas se venían desarrollando con normalidad, sin mayores observaciones de los fiscalizadores”.

Junto a ello, agregó que “poco antes de que asumiera el ministro Poduje, en febrero, insinuó y dejó ver esta posibilidad de que estas casas estaban mal, que había que demolerlas y empezó a instalar estos dichos”, precisando que aquello derivó en que “el 24 de marzo de 2026, el ministro Poduje instruyó al Serviu de Valparaíso paralizar la totalidad de estos 13 proyectos habitacionales que estaban a cargo de esta Constructora San Sebastián en el sector de El Olivar con 356 viviendas”.

La legisladora explicó que la inquietud de la Comisión de Vivienda surgió al revisar los antecedentes disponibles, señalando que “el problema, y por eso nos empezamos a inquietar en la Comisión de Vivienda, es que a la vista no había antecedentes que permitieran llegar a estas conclusiones, ya que los informes técnicos a los que se hacía referencia, en ninguna parte señalaban que lo correcto era demoler estas casas”, añadiendo que “nos empezamos a inquietar cuando vemos que aparecen estos dichos y voluntad del ministro, pero no con el sustento técnico adecuado para aquello”.

Asimismo, afirmó que al revisar la documentación técnica disponible “vamos a los informes técnicos, a ver qué dicen concretamente, y podemos revisar que en ninguna parte ordenan o señalan que el camino es la demolición, sino que al contrario, señalan puntualmente cuáles son los aspectos que deberían mejorarse para que entonces las viviendas se pudieran entregar”, agregando que “en las viviendas que estaban con un 90% de avance, reparar por completo los aspectos observados tenía un valor de $3,5 millones y menor valor aún en las que iban en etapas más tardías”.

¿ESTRATEGIA POLÍTICA?

La parlamentaria planteó además una interrogante respecto de las motivaciones detrás de la decisión adoptada por el Minvu, indicando que “si esto obedece a una estrategia política, a una estrategia propagandística de un ministro que es performático, que tiene una muy buena llegada, ojo porque en muchas cosas yo puedo estar de acuerdo con él, pero en esta situación particular yo creo que aquí se están equivocando”, añadiendo que por ello “es importante observar la unanimidad de que la Comisión de Vivienda quiso estar presente y aprobó esta visita a El Olivar”.

Gazmuri sostuvo que las dudas aumentan al contrastar la postura ministerial con opiniones de especialistas, señalando que “revisando técnicamente y hablando con diferentes actores, como arquitectos connotados, el arquitecto Castillo, premio nacional de arquitectura, quien dijo claramente que estas viviendas en absoluto es necesario demolerlas”, mientras que “los «Arquitectos por un Chile Digno» están firmemente mostrando que esto es una estratagema política –estoy replicando lo que ellos dicen– pero que no hay sustento técnico desde el punto de vista arquitectónico y desde el punto de vista de la ingeniería”.

La diputada recalcó que “si nos muestran los antecedentes de que efectivamente esas casas se deben demoler, por supuesto que vamos a ser los primeros en estar de acuerdo con ellos, si queremos la seguridad de las vecinas y vecinos”, aunque insistió en que hasta ahora los documentos revisados apuntan en otra dirección.

Junto con ello, cuestionó la forma en que se ha desarrollado el proceso con los damnificados, manifestando que “no entendemos cuál es esta insistencia de además conflictuarse con los vecinos y haber generado, como lo hemos visto y de público conocimiento, una relación difícil en sus interacciones”, agregando que “hay vecinos que se han visto también ofendidos en ese sentido” y recordando que “también hay acciones judiciales en curso a raíz de esto”.

En la misma línea, señaló que “lo que queremos nosotros es transparencia, saber si las decisiones que se están tomando son las correctas” y puntualizó que “hasta el momento aquí no se ha generado ninguna orden de demolición en relación a estas viviendas de las que estamos hablando”.

La parlamentaria también cuestionó las gestiones realizadas por organismos públicos con los vecinos del sector, indicando que “la forma en que han intervenido, la forma en que han ido empujando a los vecinos para que renuncien a los contratos que tenían vigentes con la constructora, no nos parece que ha sido la mejor manera, ha sido medio solapado, hemos recibido denuncias de aquello y eso también es muy importante clarificarlo”.

COMISIÓN INVESTIGADORA

Respecto de los pasos que podría seguir la Cámara de Diputados, Gazmuri no descartó avanzar hacia una instancia fiscalizadora de mayor alcance, afirmando que “si hay que avanzar a una comisión investigadora, habrá que hacerlo, pero aquí lo que no nos podemos quedar es con las dudas con respecto a esto”.

La legisladora recordó además que en la Comisión de Vivienda “estamos esperando la respuesta de la Contraloría de la República, a quien le pedimos que se manifieste sobre la legalidad del ordinario 245, que es el procedimiento administrativo con el que se ordena esta demolición”.

Finalmente, insistió en que la clave del debate está en el contenido de los informes técnicos, señalando que “tanto los informes R1, R2 de Ditec, el informe Idiem, no hablan en absoluto de la necesidad de demoler”, agregando que “la gran pregunta que cruza la comisión era: ¿el informe Idiem concluye que las viviendas deben demolerse o que es factible reforzarlas?”, asegurando que “la página 30 del informe va en contra de la interpretación que hace el ministerio”.

“Y la verdad, si esto efectivamente es así y nunca fue necesario demoler, sería un escándalo que se haya montado este show, de comprobarse que es así, cuando la verdad es que sí era posible seguir trabajando y que los vecinos tuvieran en el corto plazo la entrega de sus viviendas que tanto tiempo llevan esperando”, concluyó.

Las declaraciones de Gazmuri se producen en medio de un escenario que sumó un nuevo antecedente judicial esta semana, luego que el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso acogiera una solicitud de la Constructora San Sebastián y decretara una medida prejudicial probatoria consistente en la elaboración de un informe por parte de una perito ingeniera o constructora civil respecto de las viviendas cuestionadas en El Olivar. La resolución además frenó, por ahora, el avance de las demoliciones impulsadas por el Ministerio de Vivienda, mientras se reúnen nuevos antecedentes técnicos sobre el estado de las construcciones.

PURANOTICIA