El profesores de la U de Chile rechazaron la idea que Chile se retire del Pacto de Bogotá, propiciada últimamente.
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Una nueva controversia surgió entre Chile y Bolivia luego de que el presidente Evo Morales reafirmara que demandará a nuestro país por las aguas de dicha afluente, las que las autoridades nacionales definen como un río internacional, mientras sus pares altiplánicos afirman que es un manantial canalizado por nuestro país hacia su territorio a principios del siglo XX.
Dos expertos de la Universidad de Chile explicaron las implicancias y consecuencias que podría tener para nuestro país una nueva demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Este martes 29 de marzo, el Presidente de Bolivia Evo Morales visitó el río Silala, afluente que nace en el Departamento de Potosí, cerca de la frontera de nuestro país, y que escurre hasta encontrarse con el rio Loa, en la Región de Antofagasta. Esta visita surge luego de que el mandatario confirmara que demandará a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el uso de sus aguas, generando un nuevo episodio de tensión entre ambos países.
El anuncio, realizado en el marco de la conmemoración del "día del mar" en Bolivia este miércoles 23 de marzo, se funda en la acusación de que Chile habría alterado el curso del agua del Silala para redirigirlo a nuestro país, utilizándolo ilegalmente, lo que es negado por el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, quien afirmó que contrademandarán al país altiplánico.
Para el profesor de la Facultad de Derecho Edmundo Vargas, ex Subsecretario de Relaciones Exteriores y ex Embajador de Chile en Argentina, Costa Rica y representante permanente del país ante la OEA, no existen fundamentos jurídicos para la anunciada demanda boliviana, que asegura que el río Silala es un manantial, que no fluye naturalmente hacia Chile, sino que fue manipulado para ello.
"Este es claramente un río internacional. Está de acuerdo con la definición de río internacional que posee la Convención de Naciones Unidas del año 1997 sobre el curso de aguas internacionales para fines distintos a la navegación, que es el caso precisamente", explicó el profesor Vargas, haciendo alusión al único tratado aplicable de manera universal a los recursos de agua dulce compartidos por distintos países.
Este documento define en su artículo número 2 el concepto "un curso de agua" como "un sistema de aguas de superficie y subterráneas que, en virtud de su relación física, constituyen un conjunto unitario y normalmente fluyen a una desembocadura común", y un "curso de agua internacional" lo explica como "un curso de agua algunas de cuyas partes se encuentran en Estados distintos".
Por su parte, la académica del Instituto de Estudios Internacionales, Paz Milet, explica que este caso es distinto al de la anterior demanda interpuesta por el país altiplánico en dicha corte. "Bolivia planteó por primera vez este tema recién en 1997. Ambos países estaban en negociación sobre éste en el marco de la agenda de los 13 puntos, y el año 2009 se estableció incluso un pre acuerdo que finalmente se sometió internamente al Departamento de Potosí y que fue rechazado", explica la profesora.
Tomando en cuenta que éste ha sido un tema que se había trabajado bilateralmente, la experta en Relaciones Exteriores y América Latina asegura que la estrategia del gobierno chileno dependerá de la forma como esté formalizada la demanda boliviana, y las condiciones bajo las cuales se realice.
Respecto a las motivaciones políticas que estarían detrás de esta postura más confrontacional del gobierno del Presidente Evo Morales hacia Chile, la profesora Milet cree que "esto le permite generar nuevos factores de unión entre las distintas fuerzas políticas, en un marco en que él está empezando su tercer mandato, y que puede incluso plantear más adelante la posibilidad de un nuevo referéndum para una posible reelección".
Un aspecto en el que la académica hizo hincapié fue en las posibles consecuencias que podría tener para el país un eventual retiro del pacto de Bogotá, como han planteado algunos parlamentarios. Milet recordó que "si se anuncia la salida del pacto, quedamos un año insertos todavía en el mismo, por lo que se pueden presentar una serie de demandas del más diverso tipo".
Junto con ello, la académica del IEI afirmó que también se debe tener en consideración la señal que estaría dando Chile a nivel internacional. "Nuestro país siempre ha sido respetuoso de los tratados internacionales, un actor muy activo en el plano multilateral. Decidir algo así debe responder a una estrategia global, que al mismo tiempo que decide retirar del Pacto, tiene que utilizar otros foros para actuar a nivel internacional y para la solución de controversias", remarcó.
Respecto a este mismo tema, el profesor Vargas fue categórico en rechazar la posibilidad de retirarse del Pacto de Bogotá, que impone a los países signatarios que los conflictos y controversias deben ser resueltos a través de medios pacíficos, confiriéndole jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia.
"No puedo entender que haya personas que puedan propiciar retirarse del Pacto de Bogotá y de otros convenios similares", aseguró, ya que en su opinión, el interés de Chile reside en contar con buenas relaciones con todos los países, resolviendo los conflictos a través de medios pacíficos.
Por el contrario, el académico de la Facultad de Derecho explicó que desde su punto de vista "lo que tiene que hacer Chile es aspirar a fortalecer los mecanismos que existen de solución pacífica de las controversias", resaltando además que en el futuro nuestro país también puede utilizar estos recursos en su beneficio ante una controversia.
Finalmente, el profesor hizo hincapié en que para justificar esta idea se han usado dos experiencias recientes de nuestro país, una de las cuales aún no está resuelta. Sin embargo, recordó que "si se llega a resolver favorablemente para Chile como espero, Bolivia no podría insistir por ese medio en sus aspiraciones".
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