Este viernes, la alcaldesa Macarena Ripamonti dio a conocer a la prensa las nuevas adquisiciones municipales para desbaratar lo que ella denuncia como "crimen organizado" al interior de la Corporación Municipal.
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Un fuerte remezón generó la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti Serrano, luego de denunciar, a través de un «Live» en su cuenta en Instagram, que a poco más de un mes de iniciado su trabajo al mando de la Municipalidad de la Ciudad Jardín, se encontró con prácticas que hablarían de "crimen organizado" al interior de la casa edilicia, precisamente en la Corporación Municipal durante la administración de Virginia Reginato (2004-2021).
"Cuando hablo de denuncias graves -y voy a ser muy responsable- hablo de crimen organizado. Nosotras tenemos denuncias, que ya hemos hecho al Ministerio Público, con declaraciones juradas -y por eso tuvimos que apoyarnos en un equipo especializado, por ser delitos de alta complejidad-, por delitos que revisten carácter de crimen organizado", expuso la jefa comunal viñamarina en sus redes sociales.
A poco más de 24 horas de esta grave denuncia, la propia Ripamonti convocó a un punto de prensa en las afueras de la casa consitorial, en pleno centro de la comuna, para presentar oficialmente a los dos abogados que llevarán a cabo las pericias: Carlos Gajardo Pinto y Pablo Norambuena Arizábalos, ambos ex fiscales recordados mediáticamente por ser quienes llevaron adelante la causa denominada «Caso Penta».
Los juristas, contratados por la Corporación Municipal de Viña del Mar vía trato directo, con una remuneración mensual de $1.500.000, tendrán como función recibir todas las denuncias que los mismos funcionarios municipales puedan hacer llegar; generar un plan para llevarlas a cabo; iniciar querellas; solicitar diligencias; colaborar con el Ministerio Público en la investigación y asesorar a la administración municipal para poder tomar decisiones.
En ese sentido, la alcaldesa Macarena Ripamonti Serrano indicó durante el punto de prensa que "desde que llegamos, ya teniendo 39 días, tenemos denuncias que han sido presentadas el 29 de julio al Ministerio Público mediante formulario de Fiscalía, que son de tal envergadura que no tenemos la capacidad suficiente como Municipios, con nuestras unidades jurídicas. Por eso, hechas las denuncias, contratamos un estudio jurídico, pero no cualquiera, sino que uno con expertiz para hacerse cargo de la envergadura de los hechos que hemos conocido".
Bajo este contexto, Ripamonti reiteró lo dicho el miércoles en la noche: "Eventuales hechos son constitutivos de crimen organizado, lo que significa que hay personas que tienen una actividad organizativa, que permanencen en el tiempo y que tienen que actuar de modo tal que, concatenadamente, se realicen actos. Eso lo hemos dicho públicamente y es por eso que debemos abrigarnos con un equpo especializado para seguir el camino que continúa".
También recordó la sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), el que determinó el notable abandono de deberes por parte de la ex alcaldesa Virginia Reginato Bozzo, quien fue sancionada con la inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos, razón por la que la denominada "Tía Coty" debió dejar su cargo como Concejala de Viña del Mar.
"El Tricel determinó notable abandono de deberes. Ya sabemos que la máxima autoridad, la entonces presidenta de la Corporación Municipal, la ex Alcaldesa, abandonó sus deberes. Eso es con una sentencia firme e inapelable. Ahora la investigación que corresponde hacer es ver quién tomó sus deberes. Como ciudadanía, no como nueva administración, necesitamos que las personas que hicieron mal su trabajo o que cometieron delitos -lo que se tiene que investigar- respondan... que haya un sentimiento de responsabilidad por lo que ocurre", indicó la jefa comunal.
Carlos Gajardo Pinto tomó la palabra posterior a la jefa comunal, indicando primero que "estamos muy motivados de poder ayudar a la ciudad y a la Corporación Municipal, a poder escudriñar acerca de estos hechos que podrían revestir categoría de delitos. Hay antecedentes bastante graves que han ocurrido en la Corporación y en la Municipalidad. Hay un fallo, bastante excepcional en nuestro sistema, donde se reconoce el notable abandono de deberes por parte de la administración anterior, por tanto se le destituye a continuar ejerciendo cargos públicos. A paritr de eso, es momento de que la justicia penal, que la investigación criminal avance y pueda esclarecer estos hechos".
Para esto, el ex persecutor afirmó que "es fundamental la labor del Ministerio Público. Como equipo jurídico, nuestro compromiso es aportar para que las investigaciones prosperen, además de recolectar los antecedentes necesarios e instar para que se esclarezca la manera en que se ha llegado al déficit en la comuna. Los tiempos que están ocurriendo en el país soplan a favor de la transparencia, de la probidad. La ciudadanía es clara: está aburrida de que con fondos públicos se beneficien privados. En eso estamos muy motivados y orgullosos de poder colaborar para esclarecerlo".
Acerca de los antecedentes que poseen actualmente, el abogado Carlos Gajardo dijo que hay dos grupos: "Primero, una sentencia en que el Tricel reconoce el abandono de deberes de parte de la Alcaldesa (Reginato), que es una sentencia muy fuerte y que da cuenta que las labores que debía cumplir no fueron cumplidos".
El segundo dice relación con situaciones recogidas por la nueva administración, respecto a "declaraciones de personas que vencieron el temor y el miedo". En ese sentido, invitó a los funcionarios a que "se acerquen a la Municipalidad y a la Corporación, ya que dispondremos de canales de denuncia para favorecer a personas que, con seguridad, de manera anónima, que tengan conocimiento de hechos, los aporten y los hagamos llegar al Ministerio Público".
Gajardo cerró su intervención indicando que "los antecedentes ya aportados dan cuenta de posibles irregularidades que, de comprobarse, debieran ser sancionadas con penas privativas de libertad".
Tal como lo indicó el abogado Carlos Gajardo, la alcaldesa Ripamonti también reforzó la idea de que establecerán mecanismos para que se puedan llevar a cabo las denuncias de manera segura y protegiendo a los funcionarios que las lleven a cabo.
"Vamos a proteger a los denunciantes, vamos a proteger a las personas que denuncien y vamos a generar los canales para que todas las personas que cuenten con antecedentes los digan con tranquilidad, porque esas personas que sufrieron y fueron maltratadas, ya con sumarios, van a ser abrigadas y cuidadas por este Municipio, porque éste es un Municipio de Cuidados", sostuvo la jefa comunal viñamarina.
Por último, la autoridad edilicia precisó una de las denuncias que ya existen: "Es una querella por exhumación de cuerpos y actividades lucrativas por esto. Hay otro tipo de denuncias que se vinculan a otros hechos, que están en proceso de investigación y que no puedo comentar. Respecto a determinar responsablidades, nosotros no somos tribunales, somos un Municipio".
PURANOTICIA
