La iniciativa está considerada para quienes no sean traspasados a los nuevos organismos que reemplazarán al actual servicio.
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Por unanimidad, la sala del Senado aprobó y despachó a su segundo trámite constitucional, el proyecto que establece el derecho a indemnización para los funcionarios del Sename que no sean traspasados o no quieran continuar con sus funciones en el nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y el futuro Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
En la discusión, el timonel de la comisión especial de Infancia, Carlos Montes (PS), señaló que hubo bastante consenso en torno al proyecto, pero las diferencias surgieron en cómo aplicarlo y por eso se hizo ver la necesidad de precisar algunos aspectos.
En ese sentido, Montes precisó que se elaboró un protocolo donde se sientan las bases para la elaboración de un decreto con fuerza de ley por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Asimismo, en la instancia el ministro de Justicia, Hernán Larraín explicó los alcances de la iniciativa y también se refirió a los hechos ocurridos en la residencia de Providencia , tras conocerse un video donde se escuchaban los gritos de un menor pidiendo auxilio.
El secretario de Estado, señaló que se están realizando todas las investigaciones necesarias para esclarecer lo sucedido, y solicitó medidas expresas para evitar estos episodios, además de solicitar que la presencia policial a la hora de enfrentar estos incidentes, sea restringida.
Por su parte, el senador José García Ruminot (RN) informó respecto de los temas que analizó la Comisión de Hacienda, señalando que el proyecto implicaría un gasto público de 14 mil millones de pesos.
Hubo coincidencia entre los parlamentarios de la importancia de esta iniciativa para poder echar a andar los nuevos servicios que reemplazarán al Sename y lamentaron los hechos ocurridos en una residencia de Providencia.
Asimismo, enfatizaron que es fundamental fortalecer los planes de salud mental y que existan los recursos necesarios para el modelo que se quiera aplicar en coordinación con distintos ministerios como el de Educación y el de Salud.
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