Karen Atala lamenta que la ley chilena no reconozca la adopción para parejas del mismo sexo, y agregó que los avances legislativos "deben ir acompañados de cambios sociales para que las leyes no queden en letra muerta".
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La jueza Karen Atala, conocida por su larga lucha por la custodia de sus hijas y el reconocimiento de los derechos familiares de los homosexuales, aseguró este miércoles en Asunción que el matrimonio entre personas del mismo sexo es "la puerta de entrada al goce de otros derechos".
La tutela de los hijos, los derechos de sucesión, los beneficios fiscales y el acceso a la nacionalidad y residencia serían algunos de los beneficios que las parejas de gais y lesbianas tendrían si la legislación chilena les reconociera legalmente como cónyuges, según expuso en una conferencia ofrecida en Asunción.
El pasado mes de abril, Chile promulgó una ley que faculta tanto a las parejas homosexuales como a las heterosexuales a suscribirse al Acuerdo de Unión Civil, que creará el estado civil de "conviviente legal" y fijará un nuevo régimen patrimonial para las parejas que se acojan a esta medida, distinta del matrimonio.
Pese a ello, Atala lamentó que la ley chilena no reconozca la adopción para parejas del mismo sexo, y agregó que los avances legislativos "deben ir acompañados de cambios sociales para que las leyes no queden en letra muerta".
"Las políticas integrales de educación son básicas para que la gente entienda qué es la discriminación y por qué es necesario legislar para combatirla", afirmó la magistrada.
Atala, militante de la Fundación Iguales, que trabaja en Chile por la "inclusión social de la diversidad sexual", es conocida por su caso de lucha por la custodia de sus hijas, que la Corte Suprema de Chile le denegó por ser lesbiana, y que ha sido considerado emblema de la batalla legal por el reconocimiento de los derechos familiares de los homosexuales.
La jueza explicó que en 2004 la máxima instancia judicial de Chile le retiró la custodia de sus hijas justificando que su convivencia con otra mujer que era su pareja podría afectar negativamente a las niñas.
"La Corte Suprema chilena dictaminó que al ser lesbiana yo no era idónea para ser madre. Argumentó que al decidir convivir con mi pareja, que era mujer, dejaba a las niñas en situación de descuido y desamparo", recordó Atala.
Los jueces chilenos sostenían además que las prácticas sexuales de Atala con su pareja podían suponer un riesgo de contagio de enfermedades venéreas a sus hijas, por lo que tanto la magistrada como su compañera fueron sometidas a revisiones ginecológicas exhaustivas.
"El juicio se basó en tener que demostrar que la homosexualidad no era dañina para las niñas, en lugar de debatir qué situación familiar era la más idónea para ellas", dijo la jueza.
Mientras las niñas eran conducidas a vivir con su padre en la ciudad chilena de Temuco, "sin que los jueces hubieran escuchado cuál era su voluntad", Atala decidió recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Nueve años más tarde, la instancia interamericana resolvió que la Justicia chilena había fallado atendiendo a prejuicios y discriminación, y pidió una restitución para Atala.
"Después de nueve años, ya no era posible restituirme la crianza de mis hijas. Pero mi caso debe servir para garantizar que no se repitan situaciones de discriminación similares", afirmó la jueza.
Chile aprobó en 2012 una ley contra toda forma de discriminación, tras el asesinato del joven Daniel Zamudio, que fue calificado como un crimen motivado por la homofobia.
Por su parte, Paraguay es el único país de la región que no posee una ley antidiscriminación, según denuncian las organizaciones por los derechos de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGBT).
Pn/ci
EFE
