Se trata de un veto aditivo y sustitutivo a la vez, ingresado este lunes en la Cámara Baja, el cual mantiene los montos originales a repartir -cifra que motivó el rechazo de la oposición la semana pasada-, pero con cambios en los beneficiarios.
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El veto presidencial al proyecto de Ingreso Familar de Emergencia es la principal materia que analizará este martes la Cámara de Diputados, primero en la Comisión de Hacienda y luego en sala, tras lo cual se espera que sea despachado al Senado y se que eventualmente se vote en definitiva mañana miércoles.
Se trata de un veto aditivo y sustitutivo a la vez, ingresado este lunes en la Cámara Baja, el cual mantiene los montos originales a repartir -cifra que motivó el rechazo de la oposición la semana pasada-, pero con cambios en los beneficiarios.
Al hacer el anuncio, los ministros de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward, y de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, llamaron a los parlamentarios a aprobar el veto para que 4,5 millones de personas reciban el beneficio lo antes posible.
El veto sustituye el artículo 2 del proyecto, que hace referencia al Indicador Socioeconómico de Emergencia, para incluir una explicación respecto de cuál es su objetivo, qué es lo que mide y en qué se basa.
Además, señala expresamente que todos los hogares que integren el Registro Social serán caracterizados mensualmente de oficio a través de este nuevo indicador, por la Subsecretaría de Evaluación Social.
Asimismo, se adiciona un nuevo artículo 3 con los montos a entregar a los hogares señalados en el artículo 1, es decir, que pertenezcan al 90% más vulnerable de la población nacional. El valor del primer aporte va desde los $65.000, cuando dicho hogar esté compuesto por una persona, hasta los $494.000, cuando el hogar esté compuesto por diez o más personas.
También se adiciona un nuevo artículo 5, el cual incorpora como beneficiarios a los hogares que, sin encontrarse entre alguno de los grupos que contemplaba el proyecto de ley original, pertenezcan al 80% más vulnerable de la población, y que esté integrado por uno o más adultos mayores de 75 años o más, que reciban una pensión básica solidaria de vejez.
PURANOTICIA
