Los abogados del ex candidato presidencial reiteraron que el único responsable del control de ingresos y gastos de campaña de MEO, en caso de existir irregularidades, era el administrador electoral, Cristián Warner.
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Los defensores públicos Carlos Mora y Octavio Sufán recurrieron a la Corte de apelaciones de Santiago para solicitar nuevamente el sobreseimiento de Marco Enriquez-Ominami, por el delito de fraude al fisco, en el marco del caso OAS.
Los abogados reiteraron su teoría respecto a que el único responsable del control de ingresos y gastos de campaña del ex candidato, en caso de existir irregularidades, era el administrador electoral, Cristián Warner, y no el entonces presidenciable.
"Los gastos que originalmente fueron aprobados por SERVEL y que respecto de los cuales el Ministerio Público inició una investigación, son responsabilidad del administrador electoral y no de los candidatos, según lo establece la ley", argumentan Mora y Sufán.
De esta manera, el tribunal de alzada deberá escuchar los argumentos de defensores públicos de ME-O, luego que se presentara este lunes un recurso de apelación contra la resolución del 7° Juzgado de Garantía capitalino, que el miércoles pasado rechazó liberar de todos los cargos al ex candidato presidencial, quien ya fue sobreseído de delitos tributarios.
De acuerdo a los fundamentos expuestos ante el tribunal de primera instancia, el control de ingresos y gastos era responsabilidad del administrador electoral (Warner), quien –según la ley establecida para esos efectos- actúa como mandatario para ello.
Por ello, en el marco de sus facultades, dicho administrador –quien también ejerció como tal respecto al Partido Progresista- fue quien el día 17 de diciembre 2013, realizó la rendición del gasto electoral que ha sido cuestionado por el Ministerio Público –pero, sin embargo, aprobada por el SERVEL- por tanto, en ningún, le cabría responsabilidad al entonces candidato.
En este escenario, a juicio de la defensa, Marco Enríquez-Ominami no podría ser objeto de una imputación penal de la Ley 19.883 de Gasto Electoral, pues necesariamente establece una figura externalizada para el control y rendición de los gastos de campaña.
"Desde el punto de vista lógico, no resulta razonable que este presunto delito lo cometa el propio candidato, sin siquiera interrogar a quien tenía por ley, la responsabilidad del control y gasto electoral como es el administrador electoral. Ello no es razonable legalmente y eso explica por qué no hay ningún otro candidato investigado presidencial investigado por estos supuestos ilícitos. Lo que sí ha habido -y más de uno- son administradores electorales que han debido enfrentar cargos ante los tribunales", agregó Carlos Mora.
Por otra parte, en la misma instancia en que se reiteren dichos argumentos, la defensa de ME-O buscará confirmar el fallo que lo dejó libre de todos los hechos de delitos tributarios que le fueron imputados, y de los cuales el Servicio de Impuestos Internos nunca se hizo cargo.
Incluso, el SII jamás presentó querella nominativa en su contra y lo excluyó de su acusación, siendo este uno de los fundamentos que acogió el 7° Juzgado de Garantía de Santiago para decretar el sobreseimiento del ex presidenciable.
Cabe recordar que el Ministerio Público intentará revocar el dictamen que rechazó sus argumentos y liberó de cualquier ilícito tributario a Enriquez-Ominami, por estimar que no existen antecedentes que pudieran presumir la existencia de algún acto al margen de la ley.
PURANOTICIA
