Los resultados de un monitoreo realizado, demostró que la atención en los establecimientos observados está lejos de los estándares establecidos en la ley y en la propia normativa del Ministerio de Salud.
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La Mesa de Acción por el Aborto en Chile y Fondo Alquimia, en alianza con seis organizaciones, presentaron los resultados del Monitoreo Social de la Ley de Interrupción del Embarazo en tres causales, develando que la atención en los establecimientos observados está lejos de los estándares establecidos en la ley y en la propia normativa del Ministerio de Salud.
En el sondeo aplicado en siete sectores del país, participaron el Colectivo Conspirando de Aysén; Observatorio de Equidad en Salud según Género y Pueblo Mapuche de Temuco; Marcha Mundial de Mujeres de Biobío; Matriavisión de Valparaíso; Marcha Mundial de Mujeres de Santiago; Resueltas del Valle de Huasco; Qispiy Wayra de Antofagasta.
Entre muchos otros hallazgos, el monitoreo revela que la atención en los establecimientos observados está lejos de los estándares establecidos en la ley y en la propia normativa del Ministerio de Salud, pues no se garantiza que las mujeres puedan acceder el aborto como establece la ley.
"Existen falencias en la atención a las mujeres que se convierten, para ellas, en obstáculos para la toma de decisiones sobre sus embarazos y el acceso expedito a la interrupción, si es su opción".
En concreto, los evaluadores encontraron que hay aspectos fundamentales como la entrega de información, la capacitación y la objeción de conciencia que obstaculiza la puesta en marcha de la normativa.
En cuanto a la consistencia, "desde la mirada de las usuarias de los establecimientos de salud y de mujeres de las comunidades monitoreadas, la interrupción voluntaria del embarazo es una prestación no informada, sobre la cual tienen poco conocimiento sobre las causales, cómo acceder y dónde orientarse".
Según Gloria Maira, coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto, hay una carencia de información tanto en las unidades de atención como en el sistema de educación que se convierten en trabas e imposibilidades que se traducen en un retroceso. "Hay disposición de no informar, no se hace esfuerzo", apuntó.
"Los pañuelos verdes no son espontáneos, vienen de procesos más largos de lo que nos gustaría", apuntó en ese sentido Debora Solís, directora de la Asociación Chilena de Protección de la Familia, APROFA.
En otro aspecto, Maira apunta a una deficiencia en la capacitación de personal especializado para dar curso a la normativa. Señala que se debería adiestrar a especialistas en cuanto a la normativa, flujos, equipos e insumos.
"La capacitación en APS y en RO es deficitaria. Esto repecute en la calidad de atención que reciben las mujeres y puede afectar el acceso de las mujeres de la prestación, porque provoca inseguridad y temor en el personal, reduce el compromiso de los equipos y estigmatiza al personal que trabaja en el acceso a la IVE, aumentando las dificultades de implementación que debe sortear el personal responsable", señalan en el estudio.
No obstante, destacan la labor de gineco-obstetras, matronas y matrones que tienen incorporado el lenguaje de la ley e, incluso, se movilizaron para hacer cumplir con la normativa.
Asimismo, apuntan a la objeción de conciencia en el sector público como una traba para la implementación de la ley de interrupción. Por ejemplo, explicó que hay centros donde los objetores están integrados en 50% de los médicos y el 30% de los anestesistas.
"Tiene objetores de consciencia en atención primaria que hacen que la interrupción sea una carrera de obstáculos", informó.
Aseguran que tanto en "la atención primaria como en los niveles de 2da y 3ra complejidad se advierten situaciones donde posturas individuales antiaborto o razones religiosas de profesionales y técnicos interfieren en el acceso a información adecuada a las mujeres o buscan disuadirlas".
"En los hospitales, la negación a otorgar la prestación ha llevado a situaciones que afectan la dignidad e integridad física y psíquica de las mujeres, como la interrupción de procedimientos en curso, y conllevan mayores cargas de trabajo de equipos IVE y duplas, sin que haya ningún costo asociado para los objetores de derecho", agregaron.
PURANOTICIA
