El proyecto, que databa de 2015 cuando fue ingresado por el gobierno de Michelle Bachelet, fue aprobado por 96 votos a favor, 18 en contra y doce abstenciones.
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Este martes quedó en condiciones de ser ley de la República el texto que establece mayores exigencias de probidad y más responsabilidades para agentes mercantiles, tras la aprobación del informe de la comisión mixta que resolvió las divergencias suscitadas en el Senado.
El proyecto, que databa de 2015 cuando fue ingresado por el gobierno de Michelle Bachelet, fue aprobado por 96 votos a favor, 18 en contra y doce abstenciones.
En el marco del debate de la iniciativa, en el hemiciclo se valoró el avance en materia de transparencia y fiscalización, al tiempo que se destacó la introducción de una norma que elimina el cobro de intereses sobre intereses. Asimismo, se apoyaron normas relacionadas a restricciones para seguros asociados a productos o servicios financieros, pero fue criticado en reiterados discursos la intención del Gobierno de querer introducir modificaciones a la Ley de Pensiones, por ejemplo, para limitar el cambio de un fondo a otro.
La iniciativa, además, mantuvo un marco normativo para regular el accionar de los asesores previsionales, incorporándose un nuevo título referido a ello en la ley donde se describen sus objetivos, funciones, deberes y normas que les serán aplicables, junto con la designación de su fiscalización por parte de la Superintendencia de Pensiones y la CMF.
Esto último afecta directamente a las empresas asesoras previsionales, quienes a priori deberán acreditar sus conocimientos, integrar un registro y contar con pólizas de garantía y responsabilidad civil por los servicios prestados.
Además, se crean registros especiales para estas entidades, separándolas entre asesores previsionales y asesores financieros previsionales, que también son descritos en sus respectivos alcances, funciones específicas, requisitos que deberán cumplir, procedimientos y contravenciones, entre otros puntos.
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