Organismo ha advertido sobre el uso excesivo de la prisión preventiva, lo que ha conllevado a una condena anticipada para miles de personas.
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Una población penal desbordada, que supera los 42 mil privados de libertad, y un altísimo hacinamiento en los recintos carcelarios del país, que hacen que un interno tenga cinco veces más posibilidades de contagiarse de coronavirus respecto de una persona en el medio libre.
Estas son, según la Defensoría Penal Pública, algunas de las consecuencias del uso excesivo de la prisión preventiva, como medida cautelar para quienes son imputados por un delito, y que hoy alcanza a niveles cercanos al existente en la antigua justicia que hace 20 años fue reemplazada por la Reforma Procesal Penal.
Estas y otras brechas preocupantes del sistema de justicia penal expuso el defensor nacional Andrés Mahnke, en su balance de gestión 2019-2020.
En el año 2000 el 48,5% de las personas privadas de libertad eran imputados que esperaban un veredicto. Con la actual justicia penal, que ofrece diversas medidas cautelares, este porcentaje bordeó el 24% en 2007.
Sin embargo, distintas modificaciones al Código Procesal Penal -al menos 29- sumados a cerca de 61 iniciativas que han variado los contenidos del Código Penal, han llevado a que hoy el 34,16% de la población penal sean personas imputadas en prisión preventiva.
"Se trata de brechas o espacios que dan pie a la vulneración de derechos o que simplemente se distancian de los objetivos iniciales de esta gran reforma de la justicia chilena", dijo Andrés Mahnke.
Agregó que estas modificaciones "y una creciente y errada percepción ciudadana respecto de un supuesto aumento permanente de la delincuencia han ido dejando en el olvido ciertos equilibrios y criterios de funcionamiento que fueron parte de la esencia inicial de la reforma".
En su recuento recordó que, en reiteradas oportunidades, la Defensoría Penal Pública ha advertido sobre el uso excesivo de la prisión preventiva que ha conllevado una condena anticipada para miles de personas, en circunstancias de que al menos un 50% de estos imputados serán absueltos o bien serán condenados con penas no privativas de libertad.
Durante 2019, ingresaron un total de 333 mil causas a la Defensoría Penal Pública, de las cuáles un 19,3% correspondieron a mujeres; un 5,4% a menores infractores de ley; un 4% a extranjeros y un 3,2% a personas de pueblos originarios.
Con respecto a 2018, el número de causas ingresadas aumentó en un 4,2%, rompiendo con ello una tendencia a la baja iniciada en 2012. No obstante, este incremento se debe al estallido social: sólo en octubre el total de ingreso de causas aumentó en un 24,1% respecto del mismo mes de 2018. Hubo incluso algunas regiones en las que esta alza en octubre de 2019 bordeó el 40%.
Sin embargo, en este período hubo una baja cercana al 35% en el número de prisiones preventivas que se decretaron, básicamente por el tipo de delito y la baja prognósis de la pena.
En abril de 2020, y frente al alto riesgo de contagio de Covid-19 de la población penitenciaria, los defensores penales públicos desplegaron acciones judiciales, ante los tribunales, solicitando que quienes estuvieran en prisión preventiva pudieran cambiar esta medida cautelar por la de arresto domiciliario total.
A la fecha, se han presentado acciones de defensa a favor de 8.199 personas, lográndose revocar la prisión preventiva de 2.489 internos adultos de grupos vulnerables. En el caso de los menores infractores de ley, las acciones han permitido que 198 adolescentes puedan seguir cumpliendo su internación provisoria en sus hogares.
En materia de libertad condicional, en abril pasado finalizaron las sesiones de las Comisiones de Libertad Condicional de todo el país. De los 3.250 internos postulados, se otorgó la libertad condicional a 1.560, lo cual equivale a un 48 por ciento de éxito en primera instancia. Luego se acogieron 97 amparos, los que se sumaron a esta cifra, alcanzando 1.657.
En síntesis, estas acciones han permitido que más de 4.300 personas hayan podido abandonar los recintos penitenciarios, lo que representa un 10 por ciento del total de la población penal privada de libertad en el país.
PURANOTICIA
