“El Estado debe velar y proteger los intereses de los ciudadanos”, recalcó Ismael Calderón. La solicitud fue hecha al Ministerio de Hacienda por representantes del PS de distintas comunas de la capital.
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Una carta dirigida al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y una propuesta de indicación, presentaron este martes concejales del Partido Socialista (PS) de diferentes comunas de la Región Metropolitana, en la sede de la cartera, buscando impedir que las empresas castigadas por el delito de colusión participen en procesos de compras y licitaciones públicas.
Los concejales Carola Rivero, de Independencia; Paula Mendoza, de Ñuñoa; Ismael Calderón, Santiago; Felipe Muñoz, de Estación Central; Iván Gajardo, de Macul; María Luisa Figueroa, de Cerrillos; y Marco Quintanilla, de San José de Maipo, firmaron una propuesta de indicación a la Ley 19.882, sobre compras públicas, que incorpore la sanción a tales empresas.
El concejal Ismael Calderón señaló que "hemos solicitado que el poder Ejecutivo patrocine la modificación a la Ley de Compras Públicas y su reglamento para que el Estado no contrate a empresas que se hayan coludido. El Estado debe velar y proteger los intereses de los ciudadanos", recalcó.
Carola Rivero, por su parte, precisó que la indicación presentada pretende que la ley "establezca explícitamente el castigo a las empresas coludidas".
En tanto, Paula Mendoza resaltó que "la Sanción debe ser ejemplar. Esta prohibición para que tenga sentido debiera ser por el mismo tiempo, en el cual sucedió la infracción a la libre competencia. Por ejemplo, en el caso de la colusión del confort que venía desde el 2008, la sanción seria por 7 años".
Los concejales insistieron en la necesidad de hacer frente a lo que llamaron "abusos propios de un cartel" y que el Estado y sus instituciones defiendan a los ciudadanos.
Para Felipe Muñoz, concejal de Estación Central, esto debe ser extensivo a todos los poderes del Estado y también municipalidades, por lo que en conjunto con los demás concejales, anunció, "propondremos en los respetivos concejos municipales la posibilidad de impedir, mediante bases de licitación, el contrato con empresas procesadas por casos de colusión".
La concejal de Cerrillos, María Luisa Figueroa, recordó que el Estado "según datos del propio Ministerio de Hacienda", invirtió cerca de US$41 millones en papel tissue, en los años en que operó la colusión. "A eso hay que agregar el costo a los ciudadanos durante siete años, el impacto en la inflación, el costo para otras empresas, las pymes por ejemplo, que no pudieron competir frente a esta colusión", sostuvo.
Finalmente, el concejal por Macul, Iván Gajardo, señaló que el castigo a las empresas coludidas, es también una suerte de reparación para aquellas empresas que han actuado en forma limpia. "Hay que dar apoyo a otras empresas, muchas de ellas pymes para participar en estos procesos. La Presidenta acaba de señalar que quien traicione el espíritu de la democracia no podrá participar en ella, nosotros queremos decir lo mismo respecto a una libre competencia", aseguró.
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AGENCIA UNO
