En su informe, la comisión agrega que es un hecho cierto que, en Chile, centenares de niños fueron arrebatados a sus padres para ser dados en adopción.
La adopción irregular y/o ilegal, con vulneración de derechos fundamentales, existió en Chile entre la décadas de 1950 al 2000, y tuvo su fuente en la falta de un sistema de garantías de derechos de los niños y niñas adoptados, asociado a la participación de instituciones privadas nacionales e internacionales colaboradoras de los procesos de adopción que persiguieron intereses económicos.
Esta es una de las conclusiones del informe aprobado por la sala de la Cámara de Diputados, elaborado por la comisión que investigó los actos de organismos del Estado, en relación con eventuales irregularidades en procesos de adopción e inscripción de menores y control de su salida del país.
En sus observaciones, la comisión dio cuenta de la creación de "asociaciones ilícitas de profesionales de la salud, asesores de adopción e inclusive funcionarios públicos, para operar bajo el alero de la 'legalidad' en el tráfico internacional de niños chilenos, despojándolos de sus madres, provocando un daño irreparable en las familias afectadas".
En la actualidad, se resalta en el texto, a pesar de existir un programa de búsqueda de origen, el derecho no se ha modernizado en razón de las necesidades reales de las víctimas de adopciones ilegales. Ejemplo de lo anterior, es la dificultad que tienen las víctimas para acceder a sus partidas de nacimiento, los registros vinculados a ellos y la imposibilidad de obtener copias de las fichas clínicas.
La comisión sostiene en su informe que es un hecho cierto que, en Chile centenares de niños fueron arrebatados a sus padres para ser dados en adopción, especialmente en el extranjero, verdad que fue reforzada por los testimonios de todas las personas que fueron invitadas a participar en la instancia.
"Ninguno de los intervinientes pudo poner en duda el hecho de la desaparición de niños al momento de nacer, como una práctica recurrente propia de todo el siglo XX, debido a las carencias hospitalarias, la falta de un registro de nacimientos óptimo y la presencia de grupos que actuaron coordinadamente para arrebatar a menores, especialmente en el caso de mujeres vulnerables", se acusa.
Se observa, asimismo, que los métodos de acción fueron diversos. "La forma más recurrente, por cierto, fue hacerle creer a la madre que el hijo o hija había fallecido, de modo que no hubiera reclamos posteriores, pues la progenitora se convencía que era un hecho irreversible e incuestionable y no se les entregaba el cuerpo del recién nacido, comprobante de parto, inscripción de nacimiento ni certificado de defunción", se explica en el documento.
El informe remarca que el robo de menores fue una práctica que superó el contexto histórico y que no se remitió solo a la época de la dictadura militar. "Los robos de menores traspasan barreras históricas y al parecer se trata de un negocio muy lucrativo para verdaderas mafias que, durante mucho tiempo, además, aprovecharon la falta de regulación para ver casos de adopción a extranjeros", se sentencia.
También se informa que la salida internacional de niños no tuvo ninguna regulación hasta 1988, lo que generaba un escenario propicio para el éxodo de muchos niños arrebatados a su progenitora. "Tras escuchar testimonios de madres que adoptaron en el extranjero, algunas de ellas afirman que el trámite lo hicieron pensando que cumplían con la legalidad vigente en Chile y que las verdaderas madres habían consentido en la idea de dar a sus hijos en custodia", se destaca.
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