
"Este es un cartel 3.0 que ha sobrepasado las colusiones que desbarató la fiscalía hace años", añadió el Fiscal Felipe Irarrázabal.
Al menos 11 años de colusión califican al cartel integrado por CMPC Tissue y SCA (ex PISA) como uno de los más grandes descubiertos en la historia de Chile.
En entrevista con La Tercera el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, sostuvo el inicio de la investigación se debió a que "Nosotros estábamos en antecedentes de que en mercados parecidos con actores parecidos había ocurrido una conducta atentatoria contra la libre competencia y gracias a las relaciones que tenemos con agencias de otros países, pensamos que podría también ocurrir, o haber ocurrido, en nuestro país".
Además, comentó que se concentraron en revisar solo los antecedentes específicos del mercado tissue internacional, y comprobar que en el mercado local ocurrían situaciones similares, señalando que "tenemos muy buena evidencia para probar que las cosas ocurrieron tal cual ahí se describen".
Por su parte, agregó que las pruebas contundentes las tienen gracias a la delación compensada – auto denuncia de la empresa - , los que facilitaron, reconocieron y describieron los hechos.
"En la guía nuestra hay una invitación a utilizar este mecanismo. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que este mecanismo sea lo más utilizado posible, porque esto permite desbaratar los carteles. La empresa tiene completa libertad y autonomía para auto denunciarse o no", añadió.
La primera empresa en utilizar la delación compensada fue CMPC, donde, según Irarrázabal, se demoraron en analizar la información promocionada. Luego de eso allanaron en conjunto con la PDI la empresa SCA, quienes "hicieron análisis de su situación y llegó a la convicción de que se habían cometido infracciones y entonces nos solicitó una delación compensada".
Consultado sobre cuál sería el impacto económico que causó un cartel de tantos años, el Fiscal Nacional Económico, señaló que "Hay una dificultad técnica en hacerlo cuando tienes carteles de tanta duración, ya que debes hacer bastantes supuestos. Pero en el proceso vamos a demostrar que, al menos, cada una de las compañías habrían sido acreedoras del máximo legal, es decir de las 30 mil UTA, por esta infracción. Eso de alguna forma mide el beneficio económico que ellos obtuvieron por el hecho del cartel".
Finalmente, sostuvo que este es un cartel 3.0, el que ha sobre pasado otras colusiones investigadas por la fiscalía. "Tenemos una fijación en relación a los carteles, pues son un cáncer para la economía", acotó Irarrázabal.
Pn/gm
PURANOTICIA