Un hombre de Sri Lanka que se encontraba retenido en un centro de inmigrantes irregulares de Japón falleció el pasado día 22 tras no recibir atención médica a tiempo, confirmaron hoy a Efe las autoridades niponas tras las denuncia de una ONG.
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El hombre, de 57 años, fue detenido al llegar a Japón de forma irregular el pasado 12 noviembre y transferido a la Oficina Regional de Inmigración de Tokio, según informó la cadena estatal NHK.
Sobre las 7.20 horas locales del 22 noviembre, el ciudadano ceilandés se quejó de un dolor en el pecho y fue puesto "en observación" por el personal del centro pero no fue atendido por ningún médico, explicó a Efe una portavoz de la Oficina Inmigración, dependiente del Ministerio de Justicia.
El personal del centro decidió llamar a una ambulancia cuando el hombre mostró síntomas de inconsciencia, y una vez que fue ingresado sobre las 15.00 horas los doctores confirmaron su fallecimiento, añadió la misma fuente.
El Ministerio está investigando si su muerte "tuvo que ver con el dolor del que se quejó", señaló la portavoz, que no quiso pronunciarse sobre la responsabilidad del centro en el caso.
La actuación de las autoridades niponas ha sido criticada por la organización no gubernamental PRAJ (siglas en inglés de Asociación por la Liberación Provisional), que ha vuelto a denunciar las condiciones de detención de los inmigrantes irregulares en Japón.
"Su muerte se debió a que no le atendieron. Es increíble", afirmó un sobrino del fallecido, quien también señaló que el Ministerio no comunicó a la familia los detalles de su fallecimiento hasta este lunes, en una rueda de prensa organizada por la ONG y recogida hoy por los medios nipones.
El mes pasado, el Gobierno informó sobre la muerte de dos inmigrantes cameruneses en otro caso parecido que tuvo lugar en marzo en un centro de detención de Ibaraki, al noreste de Tokio.
Uno de los dos hombres, de 43 años, murió debido a que la preparación médica en el centro "era insuficiente", según las conclusiones de la investigación llevada a cabo por el Ministerio de Justicia. EFE
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