Este proceso se relaciona con los sucesos ocurridos en la localidad de Sacaba, en Cochabamba, así como en el barrio de Senkata en El Alto, ubicado cerca de La Paz, en los que murieron 20 personas y decenas más resultaron heridas durante la crisis política y social desatada en noviembre de 2019.
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El Ministerio Público de Bolivia envió este viernes al Tribunal Supremo de ese país un requerimiento acusatorio para iniciar un juicio de responsabilidad en contra de la expresidenta interina Jeanine Añez.
La petición se basa en hechos calificados "provisionalmente como genocidio, lesiones graves y leves, y lesión seguida de muerte".
Este proceso se relaciona con los sucesos ocurridos en la localidad de Sacaba, en Cochabamba, así como en el barrio de Senkata en El Alto, ubicado cerca de La Paz, en los que murieron 20 personas y decenas más resultaron heridas durante la crisis política y social desatada en noviembre de 2019.
Al hacer el anuncio, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, explicó que ahora corresponde al Tribunal Supremo remitir la solicitud a la brevedad posible a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que esta autorice el juzgamiento de Añez.
La exmandataria llegó al poder el 12 de noviembre de 2019 tras la salida de la presidencia de Evo Morales, quien dejó el cargo en medio de manifestaciones callejeras en su contra, acusaciones de fraude electoral, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas.
Desde hace cinco meses, Añez se encuentra bajo prisión preventiva en La Paz señalada de "terrorismo, sedición y conspiración", por los hechos que pusieron fin al gobierno de Morales.
Uso excesivo de la fuerza
El requerimiento en contra de Añez ocurre apenas cuatro días después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentara un informe en el que concluyó que hubo "graves violaciones a los derechos humanos" durante la crisis política que vivió Bolivia a finales de 2019.
En Senkata, el gobierno de Añez movilizó a los militares para desbloquear la salida de combustible desde una refinería.
Poco después de asumir la presidencia, Añez emitió el Decreto Supremo 4078 mediante el cual incorporaba a los militares a las labores de mantenimiento del orden público.
En ese contexto, se produjeron el 15 de noviembre de 2019 los hechos de Sacaba, cuando un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y un grupo de cocaleros arrojó 10 muertes y decenas de heridos.
Cuatro días más tarde, un operativo militar y policial en Senkata derivó también en hechos violentos que acarrearon la muerte de otras 10 personas.
En ambos sucesos, los muertos tenían impactos de bala.
De acuerdo con el GIEI, los cuerpos de seguridad incurrieron en un uso desproporcionado de la fuerza al disparar en contra de los manifestantes.
PURANOTICIA // BBC MUNDO
