El ex jefe de Informática del Comando de Bienestar del Ejército fue formalizado en mayo por delitos de cohecho, estafa y negociación incompatible.
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La Corte Suprema resolvió la contienda de competencia entre la justica civil y militar para continuar con la tramitación de la causa en contra del teniente coronel (r) del Ejército Mauricio Lazcano Silva, dejándola radicada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y los abogados (i) Jaime Rodríguez y Arturo Prado- resolvió a favor del tribunal civil la contienda de competencia trabada con la Primera Fiscalía Militar de Santiago en el proceso que se sigue en contra del ex uniformado. La decisión se adoptó con el voto en contra del ministro Künsemüller.
El 18 de mayo pasado se llevó a cabo en el Séptimo Juzgado de Garantía la audiencia de formalización de Lazcano, quien admitió haber recibido coimas por más de $200 millones. Entonces quedó sujeto a las medidas cautelares de arresto domiciliario parcial y arraigo nacional y se fijó un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación.
Según el dictamen de la Corte Suprema conocido este miércoles, los ilícitos que se le imputan al ex uniformado no son de naturaleza militar, sino delitos comunes.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte le imputó delitos de cohecho, estafa y negociación incompatible, que habría cometido entre 2013 y 2014, mientras se desempeñaba con el grado de teniente coronel como jefe de la unidad de Informática del Comando de Bienestar del Ejército.
En enero de este año la institución armada denunció los hechos ante el Ministerio Público junto con entregar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) -que se querelló por cohecho y soborno- y al Servicio de Impuestos Internos (SII). Lazcano presentó entonces su renuncia a la institución y detalló las operaciones al fiscal de Alta Complejidad, José Morales.
En el caso se analizaron más de cien facturas a nombre del Ejército por servicios informáticos que nunca se concretaron, ascendentes a $6 mil millones aproximadamente, además de anomalías en licitaciones de las plataformas digitales de la institución militar.
Las irregularidades se concretaron por la vinculación de Lazcano con el ex gerente comercial de la empresa Powerti S.A., el oficial (r) del Ejército Eduardo Manuel Olmedo Prado. Esa compañía durante casi dos años emitió facturas al Ejército por sumas de entre $400 y $500 millones por servicios informáticos ficticios, cuyo pago fue visado por Lazcano.
Además del retirado teniente coronel fueron formalizados Olmedo y la técnica en Administración de Empresas Claudia Marín Aguilera.
Pn/ci
AGENCIA UNO
