De acuerdo a una minuta entregada por la Dirección de Presupuestos al Congreso, la Ley de Presupuestos 2026 considera $589.921 millones para financiar el costo total de la ley de reajuste, equivalente a US$634 millones.
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El instituto Libertad y Desarrollo (LyD) estima que el costo fiscal del reajuste del 2% real solicitado por los trabajadores públicos sería de más de 1.500 millones de dólares.
Según consigna La Tercera, el análisis de LyD menciona que, entre 2021 y 2024, el número de funcionarios del sector público ha aumentado a tasas promedio de 3,5% anual, llegando a diciembre de 2024 a cerca de los 939.000.
De estos, cerca de la mitad se desempeña en la administración central mientras, que un 37% lo hace en el sector municipal, el 6,1% en universidades y centros de formación técnica (CFT) estatales, el 2,7% en organismos autónomos y el restante 0,1% en otras instituciones públicas.
De acuerdo a una minuta entregada por la Dirección de Presupuestos al Congreso, la Ley de Presupuestos 2026 considera $589.921 millones para financiar el costo total de la ley de reajuste, equivalente a US$634 millones.
“Esto es menos de la tercera parte del costo que tuvo la última Ley de Reajuste, por lo que quedan dudas respecto a la disponibilidad de recursos para financiar esta medida”, menciona el informe de Ly D.
De esta forma, según cálculos de LyD, si las remuneraciones se reajustan en 5,4% nominal (2% real más el IPC anual de 3,4%), como demandan los gremios de los funcionarios públicos, el costo llegaría a US$ 1.527 millones.
“Esto es sin considerar eventuales ahorros por retiros voluntarios, solo se contaría con el 41% de los recursos que se necesitan. A esto hay que agregar, el financiamiento que se requiere para otorgar otros beneficios que se incluyan, tales como bonos mensuales para garantizar remuneraciones mínimas en algunos estamentos, aguinaldos y otros bonos especiales”, resaltan en el informe.
En su análisis argumentan que “durante la tramitación del Presupuesto, el gobierno planteó que los mayores gastos en personal se financiarían también con los ahorros generados por los funcionarios que se acogieran al retiro voluntario y su reemplazo en proporción de uno por cada tres vacantes. Sin embargo, la cantidad de retiros es incierta y ha variado mucho en los últimos años”.
Así, resaltan que “incluso bajo un supuesto optimista (5.000 retiros partir del 1 de enero) el ahorro anual sería solo de US$150 millones, monto insuficiente para cubrir los costos asociados a un eventual reajuste salarial y al alza de las nuevas cotizaciones previsionales”.
En definitiva, para LyD, “no se cuenta con los recursos suficientes para garantizar el financiamiento del costo total del reajuste tal como ha sucedido en años anteriores ni lo demandado por los funcionarios para 2026”.
PURANOTICIA
