En un comunicado, su gerente general, Ricardo García, criticó la aprobación de cambios que, según él, “anticipan en siete años la redistribución establecida por la ley vigente, generando un perjuicio económico enorme”.
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El proyecto de fraccionamiento pesquero quedó a un paso de convertirse en ley, tras ser aprobado en la Cámara de Diputados por 122 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones.
La iniciativa aumenta las cuotas de captura para el sector artesanal y las reduce a la industria, por lo que la empresa Camanchaca reiteró que acudirá a la justicia en busca de compensación por los perjuicios que, asegura, provocará la norma.
En un comunicado, su gerente general, Ricardo García, criticó la aprobación de cambios que, según él, “anticipan en siete años la redistribución establecida por la ley vigente, generando un perjuicio económico enorme”.
Advirtió que “las compañías del Biobío enfrentarán un impacto doble, por la menor asignación de cuotas y un arancel superior al 30% sobre las importaciones de jurel”.
Según detalló, “la medida afectará la producción, el empleo y los tributos generados por el segmento más intensivo en mano de obra del rubro”.
En el caso de Camanchaca, señaló que “la producción de jurel para consumo humano caerá más de un 20%, con efectos directos sobre la industrialización y el empleo regional”. Sostuvo que “los contratos suscritos con actores internacionales para adquirir cuotas foráneas quedan en riesgo, ya que no contemplaban nuevos gravámenes”.
Finalmente, el ejecutivo denunció un “daño patrimonial grave” a causa de un cambio legal anticipado e injusto, y afirmó que recurrirán a los tribunales para solicitar una indemnización que repare el perjuicio a sus accionistas, incluidos fondos previsionales.
PURANOTICIA
