Desde diversos sectores advirtieron que aprobar este tipo de modificaciones genera incertidumbre en el sistema de financiamiento de obras públicas y podría frenar futuras inversiones.
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El reciente rechazo en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley impulsado por el diputado Jaime Mulet, que proponía eliminar las multas a conductores que circulen sin el sistema de tag habilitado en autopistas concesionadas, fue interpretado por actores del sector público y privado como un alivio momentáneo para el modelo de concesiones en infraestructura. La iniciativa, que buscaba modificar el artículo 114 de la Ley de Tránsito, no logró los votos necesarios para avanzar, pero encendió una fuerte alerta en la industria.
Desde diversos sectores advirtieron que aprobar este tipo de modificaciones genera incertidumbre en el sistema de financiamiento de obras públicas y podría frenar futuras inversiones. La presidenta del Consejo de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Sonia Tschorne, fue categórica al señalar, a diario El Mercurio, que el proyecto “genera los desincentivos para que los proyectos que están en licitación y en la cartera no resulten”, y que incluso podría encarecer sustancialmente las obras ya en curso.
En el mismo tono, el director general de Concesiones del MOP, Juan Manuel Sánchez, sostuvo que la propuesta era “muy nefasta para un modelo que ha sido exitoso para financiar obras” y que su aprobación podría “irrumpir un gasto fiscal enorme en un contexto económico complejo para el país”.
Durante un seminario organizado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle también se sumó a las críticas, enfatizando que “si no existe ese sistema, si no hay tag, no hay concesiones, tan simple como eso”. A su juicio, iniciativas como esta podrían “liquidar automáticamente todo el tema de concesiones”.
El presidente del Colegio de Ingenieros, Hernán de Solminihac, advirtió que el proyecto de Mulet “significa un golpe fuerte a la industria de las concesiones”, pues altera reglas ya establecidas y compromete la certeza jurídica para los inversionistas. En esa misma línea, Leonardo Daneri, expresidente de Copsa, alertó que si la propuesta prosperara, “desaparece la industria”.
El impacto económico no es menor. Para el bienio 2025-2026, el MOP contempla una cartera de 15 proyectos de concesión por un total de US$ 7.898 millones, muchos de los cuales podrían quedar en suspenso ante escenarios de inseguridad regulatoria. Desde la CChC, su presidente Alfredo Echavarría fue enfático: si el sistema actual cae, “las carreteras tendrán que volver a poner barreras y casetas de pago”.
Por su parte, el diputado Jaime Mulet defendió su propuesta aclarando que no buscaba liberar a los automovilistas de sus pagos, sino “cambiar el modelo actual”. Pese a ello, el consenso entre los actores del rubro fue claro: alterar el mecanismo de cobro sin un reemplazo viable pone en riesgo la sostenibilidad de todo el sistema.
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