La iniciativa busca golpear el financiamiento del crimen organizado, castigando a quienes lucren, faciliten medios o paguen por servicios sexuales en el país.
La bancada de diputados de Renovación Nacional presentó un proyecto de ley que busca sancionar la explotación sexual, la facilitación de medios para su promoción y la utilización de inmuebles destinados a estas actividades.
La iniciativa surge en medio de la creciente preocupación por el avance del crimen organizado en el país, tras la revelación de la Operación Tokio contra el Tren de Aragua, y la utilización de distintos mercados ilícitos como mecanismos de financiamiento de organizaciones criminales.
Según se expone en el proyecto, la explotación sexual constituye una de las actividades que bandas delictivas utilizan para generar recursos, aprovechando la informalidad y la escasa trazabilidad de estas operaciones.
Con motivo de la Operación Tokio, el fiscal Héctor Barros, líder del equipo ECOH, advirtió de la necesidad de regular y sancionar conductas relacionadas con el comercio sexual.
El persecutor señaló que el comercio sexual es una de las vías que le genera mayor cantidad de ingreso económico al Tren de Aragua y afirmó que "si yo le cierro ese mercado a las organizaciones criminales, claramente lo que voy a tener es que no va a haber interés ahora en venir a, por ejemplo, ejercer la prostitución en Chile".
En ese sentido, el texto legal plantea que la regulación vigente resulta insuficiente para enfrentar nuevas formas de criminalidad organizada transnacional y propone fortalecer las herramientas del Estado para perseguir a quienes lucran con la explotación de terceros, la intermediación abusiva y la facilitación de servicios sexuales mediante plataformas digitales, publicidad o inmuebles destinados a estos fines.
El diputado Mauro González, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, señaló: "En Chile se debe sancionar y regular el mercado sexual, porque está siendo utilizado por las bandas criminales como fuente de financiamiento. Por eso hemos presentado un proyecto de ley que busca sancionar como delito a todo aquel que explota económicamente los servicios sexuales de otra persona, a aquellos que intervienen en la publicidad y a aquellos que facilitan los inmuebles, y también que se sancione como falta y una multa a aquel que contrata y que paga por estas prestaciones sexuales".
La iniciativa incorpora nuevas figuras penales al Código Penal para castigar a quienes exploten económicamente el comercio sexual de otras personas, a quienes administren o faciliten plataformas digitales, publicaciones o cualquier medio destinado a ofrecer servicios sexuales de terceros, y a quienes proporcionen inmuebles para el desarrollo de estas actividades. Asimismo, establece una falta penal sancionable con multa para quienes paguen u ofrezcan pagar por servicios sexuales de personas adultas.
Además, el proyecto incorpora el delito de explotación económica del comercio sexual ajeno al catálogo de delitos base de lavado de activos, permitiendo perseguir también las ganancias obtenidas a través de esta actividad ilícita.
La propuesta es respaldada entre otros por los diputados Juan Carlos Beltrán, Andrés Celis y Eduardo Durán, quienes destacaron la necesidad de avanzar en medidas concretas para debilitar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales y fortalecer la seguridad de los chilenos.
PURANOTICIA